El Gobierno del Distrito Federal (GDF) aseguró haber atendido las medidas precautorias que la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió el 16 de diciembre con respecto al conflicto de la supervía poniente y entre las cuales se encontraba no ejercer conductas de agresión, intimidación, discriminación o de cualquier otra índole en agravio de los integrantes del Frente Amplio, en especial, durante el periodo vacacional.

Dos días después de que las autoridades implementaron –antes del amanecer y en día festivo–, un operativo policiaco para tomar posesión física de los 51 predios expropiados de La Malinche, el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, envió un oficio al tercer visitador de la CDHDF, Luis Jiménez Bueno, en el que afirma que todas las medidas dictadas por la comisión fueron atendidas, incluyendo las que se establecieron el propio primero de enero a las 12:09 y 15:37 horas.

Con los argumentos de que la comitiva oficial que se presentó a las 6:30 horas del primer día del año en el plantón pacífico actuó de forma pacífica, directa y respetuosa, que los 51 predios fueron debidamente expropiados e indemnizados, y que no fue ni será intención o interés del gobierno retirar o desalojar el campamento, la administración local aseguró no haber violentado derechos humanos.

A decir del gobierno el hecho de que los integrantes del Frente Amplio decidieran mantenerse en plantón pacífico comprueba que también respetaron la medida emitida por la CDHDF que dice que en caso que se optara por desalojar o retirar el campamento se le informara previamente de forma clara y directa, tanto a la comisión como a la organización ciudadana. El GDF nunca avisó de su operativo a la CDHDF, pero sí solicitó los servicios del notario público número cinco, Alfonso Zermeño, para que diera fe de los hechos.

El mismo García Ochoa, respondió el 6 de enero pasado la carta que 34 diputados federales le enviaron un mes antes a Marcelo Ebrard, en la cual se exhorta al gobierno a entablar un diálogo real, respetuoso y público con el Frente Amplio y ser garante de los derechos humanos.

Argumenta que el gobierno de la ciudad ha sido y es respetuoso de los derechos de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de información, de participación, de seguridad jurídica y de acceso a un medio ambiente sano de todos los que han manifestado su oposición o adhesión a la supervía”.