Zacatecas, Zac., 7 de enero. Por considerarla improcedente, un juez del juzgado segundo de distrito con sede en la ciudad de Zacatecas, rechazó una petición de amparo de la ex gobernadora Amalia García Medina, quien presentó la solicitud mediante el despacho Zinser Esponda y Gómez Mont.

Con ese recurso, García Medina pretendía eludir las imputa- ciones sobre su presunta res- ponsabilidad en irregularidades administrativas que la Contraloría del estado le finca a ella y varios ex colaboradores.

En particular, García Medina buscaba la suspensión provisional del proceso administrativo que realiza la Contraloría estatal y congelar el avance del procedimiento de fiscalización.

El pasado 23 de noviembre, Guillermo Huízar Carranza, contralor del estado, presentó los avances de 27 auditorías iniciadas a dependencias y programas del sexenio de Amalia García Medina, en las que se hicieron 39 observaciones por presunta malversación de recursos públicos por un monto calculado en más de mil 400 millones de pesos.

De acuerdo con declaraciones del propio Huízar Carranza, sólo en cuatro de los 39 procedimientos estaría relacionada directamente la política perredista.

En tanto, siguen avanzando los plazos perentorios que la Contraloría del estado marcó, a través de distintas notificaciones a los ex funcionarios estatales y a la propia ex gobernadora, para que se presenten personalmente a comparecer ante esa dependencia estatal, para presentar sus argumentos de defensa en las imputaciones que existen en su contra.

Para el caso de García Medina trascendió que la próxima semana se cumplirá la fecha fijada para que ella se presente ante la Contraloría, y por lo anterior buscaba el amparo para evitar esa comparecencia, reveló hoy un diario local.

La ex gobernadora Amalia García Medina y el senador Ricardo Monreal Ávila, en imagen de archivoFoto Alfredo Valadez R.

En su momento, la ex gobernadora dijo que no interpondría recurso alguno para defenderse y leyó una carta dirigida a su sucesor, el priísta Miguel Alonso Reyes, en la que se limita a rechazar las imputaciones en su contra, las que calificó de cacería de brujas.

Sostuvo que el informe de Guillermo Huízar es un claro afán de linchamiento político por la manipulación tendenciosa con que se presentó la infor- mación, y una flagrante violación de las garantías constitu- cionales de todas y cada una de las personas aludidas directa o indirectamente.

Entre las irregularidades en la administración de Amalia García destacan que no pudo demostrar ante la Secretaría de la Función Pública el uso que dio a 610 millones de pesos de los programas federales Fondo Regional, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.

Otro de los presuntos desfalcos al erario denunciado por el contralor del estado involucra a Nicolás Castañeda Tejeda, quien desde la Secretaría de Desarrollo Económico financió con 478 millones de pesos el Proyecto Aeroespacial de Zacatecas, que se entregó a la maquiladora estadunidense de partes de avión Triumph Group.

Asimismo, 92 préstamos personales a periodistas, empresarios y funcionarios del gabinete por 368 millones 300 mil pesos. El dinero se entregó prácticamente a fondo perdido, sin exigir garantías ni tratar de recuperar los mismos, además de que la Secretaría de Finanzas ni siquiera tenía atribuciones legales para conceder dichos créditos.