Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD en la Comisión Permanente solicitaron ayer la comparecencia del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, para que expliquen las acciones que el gobierno de Felipe Calderón ha asumido para otorgar protección y seguridad a migrantes de Centro y Sudamérica, además de aclarar el avance de la investigación del secuestro de 50 indocumentados en Oaxaca.

Al presentar el punto de acuerdo a nombre del PRI –que, junto con el del PRD se turnó a comisiones–. el diputado Heliodoro Díaz cuestionó que tanto el gobierno federal como el de Oaxaca no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas y menos en lograr su liberación.

El legislador priísta dijo que hace sólo una semana, el 27 de diciembre, Beltrán del Río reconoció explícitamente el secuestro de migrantes en Oaxaca, al dar a conocer que durante el año pasado fueron reportados 222 casos de retención ilegal de centroamericanos en territorio mexicano.

Esas cifras son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que debiera darse a quienes, con el propósito de llegar a Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna, cruzan nuestro territorio, y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno a lo largo de las rutas migratorias mexicanas, afirmó.

Sostuvo que del asesinato de 72 indocumentados en Tamaulipas, los resultados de la investigación han resultado muy pobres, a pesar de que se trata de un asunto que conmovió a todos y suscitó la reprobación de la comunidad internacional. No se ha perseguido ni sancionado a los autores intelectuales y materiales.

El gobierno poco sabe

Cuestionó que como en la mayoría de los casos en los que se reportan ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, el gobierno de Calderón poco sabe, poco avanza o poco informa.

Heliodoro Díaz señaló que respecto del secuestro de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en Chahuites, Oaxaca, y a pesar de que han transcurrido casi tres semanas del hecho, tampoco es mucho lo que se ha podido esclarecer.

Lamentó que las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República y el gobierno de Oaxaca, no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas, menos a lograr su liberación y mucho menos poner a disposición del Poder Judicial a sus secuestradores.

Recordó que primero el Ejecutivo federal negó la desaparición de los indocumentados, y cuando finalmente reconoció que habían sido secuestrados, lamentó el suceso, ofreció investigarlo, pero “en sus comunicados se confundió, enredó, contradijo, declaró, leyó discursos, condenó, pero hasta ahora, en resultados, cero, nada.

Mientras, en su punto de acuerdo, el PRD sostuvo que México debe proteger eficazmente a los migrantes que cruzan por el territorio, mediante un programa efectivo que preserve sus derechos e integridad. Además de una obligación internacional, es un deber moral, expuso.