ajo mucha tensión se desarrolló, el pasado domingo 2 de enero, la sesión inaugural del proceso electoral de 2011 en el estado de México. Lo que habría sido un acto protocolario se convirtió en un coctel de reproches, descalificaciones y advertencias entre los principales actores ahí presentes. Gran parte de la clase política mexiquense, se dio cita en la sala del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para presenciar, no sin asombro, cómo los propios consejeros electorales sembrados por el PRI salieron beligerantes, en defensa abigarrada y sistémica frente a los cuestionamientos no sólo de los partidos políticos, sino de la opinión pública.

Los representantes de PAN, PRD, PT y Convergencia previamente externaron su desazón por llegar al proceso electoral con reglas impuestas por la mayoría priísta en la Cámara de Diputados. El PAN habló de regresiones preocupantes, el PRD de judicialización del proceso, el PT puso en duda la imparcialidad del actual consejo del IEEM, etcétera. Recibieron como respuesta una actitud rijosa de las cuatro posiciones priístas en el Consejo Ciudadano del IEEM.

Especialmente llamó la atención la postura agreste de Juan Carlos Villarreal, quien reprochó a los partidos políticos de oposición al tricolor cuestionar de imparciales a los consejeros electorales así como al propio instituto, reviró: “Las reglas las hacen los que hoy se quejan, el diseño institucional fue impulsado por los que de nuevo descalifican su propia obra… –y se pregunta– ¿por qué algunos actores políticos le quieren colgar a la autoridad el saldo de sus incapacidades o el temor de sus fantasmas?” El planteamiento no es novedoso, coincide con el discurso que ha venido desarrollando el propio presidente del partido en el poder. Además, pone en evidencia y reconoce la tendencia perversa con que los partidos políticos y el sistema de poder han operado para demoler la autonomía e independencia de las estructuras electorales, no sólo del estado de México, sino del país. Es con esta misma lógica con la que se está definiendo actualmente el nombramiento de consejeros electorales en el IFE, en detrimento absoluto de su credibilidad por el manoseo de intereses partidarios. Sin embargo, la supuesta defensa que hace el consejero Villarreal es tramposa porque, salvo la designación de consejeros, las nuevas reglas electorales para los comicios de 2011 han sido fruto de una imposición de mayoría priísta en la Cámara de Diputados. Es decir, tanto la reforma electoral, llamada ley Peña, como los ajustes al código no han sido resultado de negociaciones ni de consensos entre los partidos políticos, sino de albazos e imposición del sistema imperante en la entidad mexiquense.

Por ello, la crispación y la tensión que se vivió en el arranque del proceso electoral no fue resultado de los teatrales discursos de los consejeros, sino del clima de autoritarismo imperante en el estado de México.

El problema no está ni en el IEEM ni en los consejeros priístas, sino en cómo se ha estado manejando la política y los acuerdos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. El resultado de la sesión es natural. A la salida del acto los principales dirigentes estatales declaran. Por un lado, Ricardo Aguilar, del PRI, se siente satisfecho con el instituto y le extiende un voto de confianza; por otro lado, tanto Luis Sánchez, del PRD, como Octavio Germán, del PAN, amagan con salirse de la contienda electoral al confirmar la inequidad y parcialidad de los consejeros electorales.

El sistema de partidos y los ciclos electorales nos plantean una disyuntiva siempre punzante entre la relación entre las mayorías/minorías políticas y la democracia, proceso que azarosamente hemos venido construyendo. De aquí emanan acuerdos y pactos entre los actores políticos que posibilitan una convivencia política civilizada y en cierta forma dignifican el sentido social de servicio que tiene el quehacer político.

En el estado de México hubo cierto equilibrio en las votaciones entre los tres partidos predominantes –PRI, PAN y PRD– hasta las elecciones de 2009, en las que el tricolor y sus coaliciones ganaron de manera amplia. Bajo un síndrome autoritario, un sector de la clase política en el poder quiere ir por todo en estas elecciones de 2011, la implicación a la candidatura presidencial está en la ruta y han tensado el juego. Ha tomado decisiones unilaterales y los riesgos saltan a la vista. En nombre de la mayoría, los actores políticos pueden caer en tentaciones totalitarias y, por tanto, antidemocráticas en sus decisiones y estrategias.

Hay que hacer una sana distinción entre mayoría y voluntad popular. Incluso desde una democracia puede conducir a los peores horrores de la historia: el nazismo es un muy buen ejemplo, porque nace de avasallamientos electorales que en su momento representó una mayoría política aplastante. Por ello, resuenan desde mediados del siglo XX, la expresión del destacado político británico, Richard Clement Attlee (1883-1967), quien sentenciaba que la democracia no es simplemente la ley de la mayoría, es la ley de la mayoría que debe respetar y hacer valer los derechos de las minorías.

El inicio electoral en el estado de México es alarmante, porque si no hay política ni acuerdos entre los principales actores, las elecciones corren graves riesgos y podría ensombrecer todo el escenario político del país.