or lo visto, el asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y su posterior extinción por decreto presidencial no sólo constituyeron un duro e injustificable golpe a los miles de trabajadores de ese organismo descentralizado y a la propiedad pública: representaron, también, un sello de falta de transparencia para presumibles malos manejos de las finanzas de esa compañía.

Son reveladoras, en ese sentido, las declaraciones formuladas ayer por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados: tras la ocupación de las instalaciones del organismo, en octubre de 2009, los efectivos de la Policía Federal impidieron el ingreso de auditores; se sustrajeron archivos y unidades de disco duro de las computadoras, por lo que no hubo manera física de concluir la revisión de la cuenta pública 2008 a Luz y Fuerza, y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que cualquier tipo de observaciones o conclusiones que pudiera haber hecho sobre la compañía no son aplicables a un organismo descentralizado extinto.

Tales señalamientos están antecedidos por diversas acusaciones de presuntos casos de corrupción y desfalco a la compañía, cometidos por sus propios adminstradores. Ayer, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, señaló que las indagatorias de la propia ASF contra ex funcionarios del organismo son sólo la punta del iceberg de la forma como se administraban los recursos en dicha paraestatal, y denunció la proliferación de prácticas opacas y presumiblemente ilegales que derivaron en la pérdida de miles de millones de pesos. Así pues, y de acuerdo con la información disponible, existen elementos de sospecha suficientes para emprender pesquisas orientadas a esclarecer estas y otras acusaciones y, en su caso, fijar las responsabilidades administrativas o penales correspondientes. Sin embargo, con la acción concretada el 11 de octubre de 2009 el gobierno federal estableció obstáculos en apariencia insalvables para desarrollar, con éxito, tales indagaciones.

La consideración anterior –lamentable desde cualquier óptica que privilegie la transparencia y la rendición de cuentas– resulta particularmente grave en el caso de LFC. Debe recordarse que uno de los principales argumentos para su extinción fue la supuesta inviabilidad operativa y financiera del organismo. En el primero de esos aspectos, la versión oficial ha quedado desacreditada con el paso de los meses ante las evidencias de que que las fallas técnicas no eran atribuibles a los trabajadores de la compañía, sino al abandono deliberado de la vasta y compleja red que abastece de energía a la zona centro del país. Ahora hay elementos adicionales en favor de la posición del SME de que las supuestas dificultades financieras de la empresa no eran, en todo caso, culpa de los trabajadores, sino de los malos manejos administrativos.

En suma, la actitud desaseada y autoritaria con que el gobierno calderonista actuó en la ofensiva contra LFC y su sindicato alimenta las sospechas legislativas, gremiales y sociales de un designio por impedir que se haga pública información relevante sobre la situación financiera y administrativa de ese organismo en los meses previos a su extinción. Dicha percepción, por supuesto, en nada ayuda al Poder Ejecutivo y ésta debería ser la primera interesada en aclararla: de lo contrario, el régimen actual se mostrará ante la opinión pública como encubridor del desaseo en el ejercicio del poder; deteriorará aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, y contribuirá a que éstas sean percibidas como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.