Es necesario contar en México con un sistema integral de protección de los derechos de la infancia, legislar a escalas federal y estatal sobre la prohibición explícita del castigo corporal y tratos humillantes contra menores, y crear un mecanismo permanente de evaluación y monitoreo, a fin de combatir las agresiones de que son víctimas, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En su último informe denominado La violencia contra los niños, niñas y adolescentes en México, refiere que urge “reformar el artículo 133 de la Constitución para conferir a los tratados sobre garantías individuales y derecho internacional humanitario el mismo rango que la Carta Magna, lo cual significaría que la Convención sobre los Derechos del Niño y otros acuerdos relativos tengan un impacto real en el sistema de justicia mexicano.

La Redim también considera necesario emprender una gran restructura del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) y avanzar en la construcción de un sistema de justicia especializado para adolescentes en conflicto con la ley, con instituciones y jueces, así como darles un trato diferenciado al de los adultos, sobre todo ante la actual situación de inseguridad.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo del organismo, hizo hincapié en que se debe avanzar en este sistema de justicia penal porque hay que que reconocer y atender la condición de vulneración de sus derechos, lo que los lleva a infringir la ley, y también porque la solución no suele estar en la reclusión. Apuntó que 70 por ciento de quienes son recluidos reinciden, mientras aquellos que son tratados con medidas alternativas tienen una reincidencia que ronda 10 por ciento”.

La Redim destacó también que en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, el gobierno debe entregar información detallada sobre el número de niños y niñas que han sido detenidos, heridos y asesinados en este periodo. Considera que ante todo se debe definir acciones preventivas para frenar el asesinato y daños contra menores y adolescentes por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad.

Indica también que se debe prohibir explícitamente por ley el reclutamiento forzado de menores de 18 años por las fuerzas armadas y el reclutamiento forzado y voluntario por grupos armados. Considera que hay que disponer explícitamente que el personal militar no debe participar en niguna acción que viole sus derechos humanos, independientemente de cualquier orden militar que se dicte en ese sentido.

También estima que se requiere visibilizar que la violencia contra niños y niñas de primera infancia es más común de lo que la sociedad mexicana está en disposición de reconocer.