La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados mantiene congeladas 10 iniciativas que buscan proteger a migrantes de Centro y Sudamérica, y debido a las presiones de la Secretaría de Gobernación desechó una propuesta para obligar a la dependencia a constituir, con los estados, grupos de protección a indocumentados en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca.

Se trata de una visión torpe de Gobernación y del PAN, que preside la comisión. Tal parece que en Tamaulipas, donde asesinaron a 72 centroamericanos, no pasó nada. El secuestro de otros 50 en Oaxaca es gravísimo, y el gobierno de Felipe Calderón no atiende las denuncia, criticó el diputado Jorge González Ilescas, del PRI.

El 10 de diciembre de 2009, el legislador oaxaqueño presentó una iniciativa para adicionar un párrafo a la fracción quinta del artículo 7 de la Ley General de Población, para que entre las obligaciones de la Secretaría de Gobernación, ésta constituya grupos de protección, en los estados y municipios que son paso de migrantes y transmigrantes de Centro y Sudamérica.

La comisión, que preside la panista Norma Leticia Salazar, desechó la propuesta. El 26 de agosto de 2010 fueron hallados 72 cadáveres de centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas.

Ese es el tamaño de la tragedia y de la irresponsabilidad del gobierno y su partido. ¿Y qué ocurrió? Renunciaron a Cecilia Romero, del Instituto Nacional de Migración, y ahora es secretaria general del PAN. Ahí se ve la impunidad en que vivimos, declaró.

La única iniciativa que la comisión ha aprobado en 16 meses de trabajo es una enviada por Calderón para crear la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, para regular la condición del refugiado, otorgarle protección complementaria y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

De las 13 iniciativas que se le han turnado, la comisión también desechó otra, del dirigente de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi –aunque la envió por escrito porque sólo acudió una vez a la Cámara–, para establecer en la Ley de Población la figura de trabajador migratorio a quien acredite haber ingresado a México para desempeñar un empleo temporal remunerado.

En entrevista, González Ilescas sostuvo que el PAN se resiste a construir un marco legislativo que proteja a migrantes de otros países, que permita darles el trato que se exige a los mexicanos que se van a Estados Unidos. Las batean todas, afirmó.

En noviembre, el diputado Sami David, del PRI, presentó una iniciativa para adicionar un capítulo 11 a la citada ley e incluir los derechos de las personas transmigrantes y de indocumentados.

El proyecto considera obligar al Estado a “garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos (internación, educación, trato digno, seguridad pública, servicios de salud, procuración de justicia, seguridad social y derechos laborales, entre otros) de transmigrantes, indocumentados y sus familiares, así como aplicar programas de protección y defensa de su integridad física y patrimonial.

En noviembre, el diputado Eduardo Ledesma, del PVEM, propuso que en la misma ley se garantice a los extranjeros que, cuando sean enviados a estaciones migratorias, se les informen sus derechos y se les garantice una defensa adecuada.