al parece que el quebranto actual del estado de derecho y las garantías fundamentales en el país tiene aristas mucho más amplias y diversas que la violencia generada por las organizaciones delictivas y los esfuerzos –hasta ahora inútiles– de las autoridades para contenerlas. Un ejemplo claro de ello es la circunstancia de explotación y abuso –de la que se da cuenta en la edición de hoy– que padecen decenas de miles de jornaleros agrícolas en Sinaloa: además de los pagos ínfimos –menores a dos salarios mínimos– por una actividad que genera millonarias ganancias para el sector de esa y otras entidades, los trabajadores del campo padecen una gama de abusos e irregularidades, que van de la ausencia de seguridad social y prestaciones básicas a la explotación sexual, la trata de personas, la explotación laboral a menores de edad y la privación de servicios básicos de salud y vivienda, entre otros, según ha documentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos sinaloense.

La información comentada constituye un golpe demoledor al espejismo de los supuestos beneficios y ventajas comparativas de la política agraria que se ha seguido en las décadas recientes: en efecto, la situación de catástrofe en el agro no sólo es padecida por los habitantes de los entornos rurales abandonados y deliberadamente empobrecidos por el modelo económico vigente; también lo es para los jornaleros que logran emplearse en enclaves agroexportadores prósperos, como el sinaloense.

La explotación de los trabajadores del campo es una práctica recurrente y tolerada por las autoridades en diversas regiones del país, pero no es la única amenaza que enfrenta ese sector: a ello debe añadirse el acecho de las bandas delictivas, como lo demuestra la reciente liberación de una cincuentena de jornaleros agrícolas que habían sido secuestrados en Sonora por presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, quienes los reclutaron con base en engaños para posteriormente obligarlos a trabajar en plantíos ilícitos. El común denominador en estos episodios de abuso y explotación –ya sea a merced de bandas de narcotraficantes o de empresarios agrícolas– es la abdicación del Estado de sus tareas y responsabilidades básicas en materia de protección de la población en general –y la rural en particular– y de seguridad pública.

Un tercer elemento a considerar es la manifiesta doble moral de las autoridades de nuestro país, que critican el trato deleznable que se les da a los connacionales que trabajan en Estados Unidos –no pocos de los cuales se dedican a tareas agrícolas–, pero nada han hecho para mejorar la circunstancia de otras víctimas de la migración económica. En días recientes algunos gobiernos centroamericanos han manifestado enérgicamente su descontento por la desprotección que padecen migrantes de la región durante su paso o estancia en el país. Un reclamo igualmente enérgico, o más, debiera formularse por la precaria situación en que viven cientos de miles de mexicanos que se trasladan en territorio nacional con la esperanza de tener acceso a mejores condiciones de vida, y que, en cambio, acaban siendo víctimas de prácticas inadmisibles y, en más de un sentido, criminales.