Oaxaca, Oax., 27 de diciembre. El gobernador Gabino Cué Monteagudo y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, instalaron la Comisión Interinstitucional Permanente de Atención al Migrante, para coordinar esfuerzos entre los dos niveles de gobierno y evitar delitos y violaciones a derechos humanos de los centroamericanos en su paso por Oaxaca.

Con esta comisión ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos; nuestro compromiso de garantizar que toda persona que transite por el estado tenga y goce de estos derechos fundamentales, afirmó.

En el salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal sostuvo que esta mesa tiene permitirá realizar a las instituciones involucradas realizar acciones conjuntas, porque no solamente tenemos que velar por el trato que le dan a nuestros paisanos allende la frontera sino también por quienes procedentes de Centro y Sudamérica, principalmente, pasan por nuestro territorio.

También pidió al gobierno federal e instruyó al titular de Seguridad Pública seguir brindando seguridad al sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos del Camino, ubicado en Ciudad Ixtepec, para que cuente con las garantías del Estado mexicano por las denuncias que ha realizado.

El procurador general de Justicia del estado, Manuel de Jesús López López, dio a conocer en el acto, que realizan las investigaciones sobre los presuntos secuestros de migrantes centroamericanos, ocurridos los días 16 y 21 de diciembre, en la región del Istmo, según testimonios rendidos ante la Procuraduría General de la República por quienes afirman haber sido víctimas de privación ilegal de la libertad.

Las corporaciones oaxaqueñas, desde el momento que se conocieron las denuncias por los medios de comunicación, han realizado rastreos y recorridos a lo largo de 10 kilómetros de vías férreas desde la estación Chahuites para dar con el paradero de los centroamericanos. Además, se realiza una investigación en el ámbito de su competencia para verificar si hay delitos del fuero común, pero colaborando estrechamente con autoridades federales.