A pesar de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por casos de abusos, el gobierno no ha dado muestra de acatarlas, debido en gran parte a la tradición de impunidad que aún domina en el país, la cual sólo podrá ser superada mediante la presión de la sociedad, señalaron defensores de esos derechos.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que a pesar de todos los casos en que se ha comprobado responsabilidad estatal en la comisión de delitos de lesa humanidad, los ciudadanos siguen a merced de la violencia.

El primer caso fue el de Campo Algodonero; luego el de Rosendo Radilla, después el de Inés Fernández y Valentina Rosendo y ahora el de los campesinos ecologistas. Es una muestra muy clara de que en el país no hay acceso a la justicia. Las personas seguimos en la indefensión por el manto de impunidad que hay sobre los crímenes de Estado, deploró.

Hay gran cantidad de personajes y grupos que delinquen al amparo del poder, desde el Presidente de la República hasta los soldados rasos, y ninguno ha sido llevado a juicio, lo cual demuestra las fallas ancestrales del aparato mexicano de justicia. Todo el país está inmerso dentro de esta cadena de impunidad.

No obstante, acotó, los fallos de la CIDH sí han servido para darnos cuenta de la urgencia de que la sociedad se organice y exija el respeto a los derechos humanos.

“Hace mucha falta un movimiento social amplio, que, por fortuna o por desgracia, el gobierno está provocando cada día más. Los más de 30 mil muertos de la ‘guerra’ contra el narco, el hambre, la falta de empleo y todas las demandas de la gente se van multiplicando, y en algún momento van a generar una respuesta.”

Un ejemplo de la falta de compromiso del gobierno mexicano con la defensa de los derechos humanos, agregó, es que el pasado jueves entró en vigor la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, promovida por Naciones Unidas, y aunque el país la firmó y ratificó, no ha aceptado a su comité de seguimiento.

Tal gesto, en los hechos, inhabilita la aplicación del tratado en territorio mexicano, ya que al no tener el reconocimiento legal de las autoridades nacionales, los relatores encargados de verificar que se cumpla la convención no tienen capacidad de interlocución.

A manera de balance, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, afirmó que los dos rasgos que caracterizaron 2010 fueron de nuevo la violencia y la impunidad, a pesar de que el gobierno mexicano firmó y ratificó diversos tratados de respeto a las garantías individuales.

México se ha abierto al escrutinio internacional, y hacia el exterior tiene una imagen muy activa, pero al interior hemos visto la deteriorada realidad que vivimos en materia de derechos humanos y la poca disposición para cumplir las sentencias y recomendaciones que se le han hecho.

Si un resultado positivo han dejado los pronunciamientos de la CIDH, consideró, es el de visibilizar la falta de compromiso del gobierno. Para nosotros ha sido un logro que estas instancias nos concedan la razón sobre dichos temas, abundó.

Por otra parte, ambos defensores analizaron la posibilidad de que, a corto o mediano plazo, se presenten nuevas sentencias y recomendaciones contra el Estado mexicano por su falta de respeto a los derechos humanos y la ineficacia de los órganos encargados de procurar justicia a los ciudadanos.

Uno de dichos casos, adelantaron, es el de la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas, cometida el 22 de diciembre de 1997. Un paso determinante es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo admitió a revisión, lo cual significa que hay posibles elementos para configurar delitos de lesa humanidad.