En los pasados siete u ocho años México se ha convertido en el segundo país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con cientos de demandas que se presentan a un ritmo de casi una diaria, lo cual deja ver la gravedad de este ámbito en la nación y el mal desempeño de sus órganos de procuración y administración de justicia.

Tal fue la advertencia lanzada por Agustín Martín, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien se encarga de diversos casos de atentados contra las garantías individuales en los que está involucrado el Estado mexicano, incluido el de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que el lunes pasado le valió a México una nueva sentencia en contra.

De estar en el lugar nueve o diez en 2002, México ha pasado al lugar número 2 entre los países con más denuncias ante la CIDH. Ha habido un gran incremento de denuncias, y en este año ya acumuló tres sentencias desfavorables, ejemplificó.

Reflejo del deterioro

Tan sólo Cejil se ha encargado de más de 30 casos contra el gobierno del país, en diversas etapas del proceso judicial, entre ellos los de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y el de los campesinos ecologistas. No tengo el dato exacto en este momento, pero sí puede decirse que son cientos de denuncias, con una frecuencia casi diaria.

Este hecho, por un lado, muestra la gravedad de la situación de derechos humanos en México, que se ha intensificado en los años recientes. Que el Estado mexicano esté siendo requerido tantas veces significa, por otro lado, que no está cumpliendo con las sentencias y demandas de los organismos internacionales. Sólo aparenta que está cumpliendo con ellos, enfatizó.

En el caso de Cabrera y Montiel, dijo, hay tres aspectos destacables de la resolución de la CIDH: la crítica abierta al fuero militar para juzgar violaciones graves a los derechos humanos y a la reforma insuficiente de Felipe Calderón en ese sentido; el escepticismo sobre mantener al Ejército en tareas de seguridad pública, y la condena a usar confesiones arrancadas bajo cualquier tipo de coacción.

Además de investigar los abusos sufridos por los campesinos ecologistas y castigar a los responsables, la CIDH ordenó al gobierno de México que optimice sus registros de detenidos, modifique su Código de Justicia Militar para actualizarlo con los estándares interamericanos, y otorgue recursos de defensa a los civiles que sean juzgados por las fuerzas armadas.