Personas que al momento de ser contratadas deben firmar su carta de renuncia con la fecha en blanco. Jóvenes egresados de licenciatura que son empleados como becarios a cambio de una retribución sin prestaciones sociales. Es parte del mundo de la subcontratación laboral. Se trata de una práctica que se duplicó en apenas un lustro, una forma de relación patrón-trabajador al margen de la ley pero tolerada por la autoridad que, de paso, ha abierto un enorme boquete al fisco.

Uno de cada siete trabajadores en el país mantiene una relación laboral que puede inscribirse en el marco de la subcontratación laboral, según se desprende de información de los censos económicos 2009, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con ese documento, de 20 millones 116 mil 834 personas ocupadas, 13.7 por ciento (uno de cada siete) formaban parte del personal ocupado no dependiente de la razón social.

La subcontratación, conocida también en el medio laboral con el anglicismo de outsourcing, consiste en la transferencia de una parte de las actividades de la empresa a otras compañías, por lo general relacionadas en cuanto a la propiedad del capital, para reducir los costos de nómina y las obligaciones de la seguridad social.

Esta práctica de la subcontratación empezó en México en los años 70 (del siglo pasado) en los bancos, recordó Marcos Fuentes, miembro en aquel tiempo de la dirigencia del sindicalismo democrático de la banca y actual integrante del Centro de Estudios del Sector Bancario. “En aquel tiempo los bancos crearon empresas fantasma para proveer servicios de limpieza o seguridad. De esa forma, los empleados que realizaban esas labores ya no tenían las prestaciones que correspondían a los trabajadores bancarios, que eran muy superiores a las mínimas establecidas por la ley”, dijo Fuentes. “Ese es el antecedente del outsourcing en México”, apuntó en declaraciones a este diario.

La práctica se extendió y creció de manera acelerada en los últimos años. Así lo expresa Mario di Costanzo Armenta, diputado por el Partido del Trabajo, quien planteó en octubre pasado una reforma legal para cerrar el paso a la evasión fiscal a través de la subcontratación laboral.

El Resumen de los resultados de los censos económicos 2009, elaborados por el Inegi menciona que es cada vez más frecuente encontrar trabajadores que no dependen de la razón social para la cual laboran. Entre los datos censales de 2004 y 2009 esta modalidad de contratar personal vía otra razón social creció 95.2 por ciento, cita Di Costanzo.

Para las empresas hay un gran atractivo económico en la subcontratación, además del incentivo que en la práctica existe por la tolerancia de las autoridades, según el legislador, integrante de la Comisión de Hacienda de la cámara baja.

La subcontratación se ha popularizado en el mundo como una forma de reducir costos (transformando algunos fijos en variables y mejorando el control sobre los variables) y centrar a las empresas en aquéllos de sus procesos en los que radica su competitividad y/o son los mayores generados de valor, apuntó.

Desafortunadamente, en México muchas empresas emplean la subcontratación como máscara de verdaderas relaciones de trabajo, con el sólo afán, en el mejor de los casos, de evadir las cuotas que debieran enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el costo fiscal de su respectiva nómina (el impuesto sobre la renta que deberían retener a sus trabajadores), dijo.

Según el legislador desde hace más de 20 años se han venido reformando las leyes relevantes, como las del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la del Seguro Social, a efecto de cerrar el paso a las empresas en sus pretensiones de recurrir a la subcontratación laboral para eludir al fisco y obligarlas junto con sus clientes a cubrir sus impuestos de acuerdo con la actividad que generan.

La reacción de dichas empresas ha sido montar verdaderas fábricas de facturas que han derivado en una de las mayores defraudaciones fiscales de la historia de México sino es que del mundo, aseguró.

Para estimar el daño que los esquemas de subcontratación laboral han podido provocar al erario, Di Costanzo estudió cifras de recaudación de los últimos cinco años y concluyó que entre 2005 y 2010 se ha evadido el pago de unos 250 mil millones de pesos por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) y unos 550 mil millones de pesos por ISR y cuotas de seguridad social.

Para efectos comparativos, la recaudación del IVA entre enero y octubre pasados fue de 416 mil 857 millones de pesos y la de ISR, en el mismo periodo, sumó 521 mil 137 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Marcos Fuentes sostuvo que el auge de la subcontratación laboral ha ido de la mano de la debilidad de las organizacios sindicales.

“Una vez que se privatiza la banca, entre 1991-92, con la derrota del sindicalismo bancario y sobre todo con la internacionalización del sistema financiero, los extranjeros promueven fundamentalmente el desconocimiento de derechos laborales mediante la creación de empresas de outsourcing”, explicó. Aseguró que el mecanismo de subcontratación mina los derechos laborales y reduce las aportaciones a la seguridad social. En el caso de la banca, que es aplicable a la generalidad, la subcontratación permite a las empresas evadir la antigüedad y todos los derechos laborales de los trabajadores, desaparecen las prestaciones más importantes como los préstamos hipotecarios, al consumo duradero o consumo o los servicios médicos privados.

De acuerdo con sus cálculos, elaborados con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actualmente uno de cada tres de los 166 mil trabajadores de la banca (33 por ciento del total) está contratado bajo la modalidad de outsourcing.

Es paradójico que el sector más moderno de la economía, que es el financiero, tenga tales condiciones laborales leoninas y atrasadas, dijo Fuentes, quien asegura que bajo los esquemas de subcontratación los trabajadores bancarios deben trabajar jornadas de más de ocho horas sin derecho a pago de horas extra.