A pesar de que hace dos días funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) prometieron llamar a las representantes de los colectivos que se manifestaron el pasado viernes contra el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz –afuera del palacio de gobierno de Chihuahua, cuando exigía justicia por el homicidio de su hija Rubí– para programar una agenda de discusiones, hasta ahora no ha habido ningún contacto oficial con ellas.

Denunció lo anterior María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), quien afirmó que de esta manera queda comprobado el nulo interés del gobierno por resolver los actos de violencia contra las mujeres.

“No hemos recibido ninguna llamada, como habíamos quedado con ellos (La Jornada, 18/12/10). No queríamos sentarnos a discutir la agenda, porque ya está definida con la exigencia de que nos digan qué van a hacer para resolver el asesinato. Los familiares de Marisela ya tuvieron que salir del país por la situación de riesgo en que las autoridades los están poniendo”, denunció.

Al no haber buscado a Estrada o a Andrea Medina Rosas, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez –dos de las activistas que quedaron como contactos con SG–, “el gobierno federal no cumplió con lo mínimo. Y hay más defensoras de derechos humanos que corren el mismo riesgo que Marisela, porque siguen exigiendo justicia al Estado.

Lo que pasó con ella y con sus familiares es un mensaje para que todas las demás defensoras se callen, lo que representa un contexto verdaderamente preocupante para las garantías fundamentales. Nosotros no los hemos buscado porque el acuerdo fue que ellos nos hablarían, y si no lo han hecho es porque no tienen ninguna respuesta que darnos, consideró.

Mediante una carta que darán a conocer hoy, diversos colectivos feministas nuevamente exigirán protección para la familia de Escobedo, además de una adecuada reparación del daño, así como el esclarecimiento total de su asesinato, porque si la autoridad sigue siendo permisiva, es un llamado a que los agresores sigan cometiendo estos actos.

Para llamar la atención sobre el clima de violencia que padecen los defensores de derechos humanos en el país, los activistas redoblarán sus llamados a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Europea y el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).

Estrada reiteró la exigencia de que en un plazo no mayor a 21 días –contando a partir del viernes pasado– la dependencia federal marque fecha y hora para reunirse con diversos funcionarios –entre ellos el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el procurador general de la República, Arturo Chávez–, para que expliquen a las organizaciones civiles cómo van resolver el homicidio de Escobedo.