Caracas, 21 de diciembre. La decisión del gobierno venezolano de expropiar 47 fincas en una rica zona agropecuaria de los estados de Zulia y Mérida y que provocó la protesta de productores, no tiene vuelta atrás, aseguró hoy el vicepresidente Elías Jaua. Era necesario, justo y legal hacerlo, insistió.

El presidente Hugo Chávez ordenó el despliegue de efectivos militares para ocupar tierras que llama latifundios y tierras ociosas, y entregarlos a los damnificados por las fuertes lluvias recientes.

En respuesta, productores y trabajadores de haciendas bloquearon caminos, impidieron el paso a los militares, y este martes seguían movilizados en rechazo a la medida oficial, aunque algunos de ellos han asegurado que están dispuestos a negociar con el gobierno.

Jaua, quien rechazó alegatos de los ganaderos de que se afectará la producción de carne y leche, los acusó a su vez de colonizar esas tierras y mantener una estructura productiva de explotación y neoesclavitud.

Además, aseveró, hace 60 años la etnia yukpa defendió sus tierras, de las que hoy estos ganaderos se hacen pasar por víctimas de abuso del gobierno nacional.

El gobierno dijo que la Constitución prohíbe el latifundio. El Ejecutivo no va a tolerar los llamados a la desobediencia y a la rebelión, advirtió Jaua.

En Vigía, corazón de la región agropecuaria en conflicto, el funcionario aseveró que el gobierno mantendrá la lucha contra el latifundio y rechazó el llamado a reconsiderar la ocupación de tierras que le hizo el líder opositor y gobernador de Zulia Pablo Pérez.

Nosotros sabíamos que la guerra contra el latifundio en el sur del lago era fundamental para cambiar la estructura de dominación y de marginación a la que han sido sometidos compatriotas en esa región, apuntó Jaua. Agregó que en la zona es posible mantener un modelo de producción exitosa sin tener esclavos.

Los productores asentados en la zona sur del lago Maracaibo, que la víspera habían dicho que preferían morir que perder sus tierras, ahora están integrando una comisión para entregar al Instituto Nacional de Tierras un documento en el que exigen una respuesta sobre la situación en que quedarían las fincas, que en total suman al menos 24 mil hectáreas.

La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática protestó contra el despliegue militar en la zona sur del lago Maracaibo, en el estado de Zulia, con tropas apoyadas por carros blindados para ocupar las fincas confiscadas.

El diputado electo por esa agrupación, Andrés Velázquez, acusó al presidente Chávez de irresponsable por haber dicho que los ganaderos se estaban armando y podría haber un enfrentamiento de fusiles contra fusiles.

En tanto, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley de telecomunicaciones, que establece que la radio y televisión son considerados servicios de interés público, con mayor presencia y control del Estado, que además reduce los lapsos de concesiones y limita la inversión extranjera.

Los legisladores, de mayoría oficialista que el lunes sancionaron otra reforma que regula los portales de Internet, fueron acusados por la oposición de que la nueva ley de telecomunicaciones pone en jaque al canal Globovisión, un medio crítico del gobierno.

Por su parte, el canciller Nicolás Maduro reiteró el rechazo de Venezuela a la designación de Larry Palmer como nuevo embajador de Estados Unidos en Caracas, al señalar que el diplomático incurrió en graves violaciones al derecho internacional, con lo que él mismo se inhabilitó.

Venezuela ha vetado la designación de Palmer desde que éste, ante el Senado de su país, afirmó que en Venezuela hay presencia de la guerrilla colombiana y que los militares venezolanos tienen la moral baja y afrontan una fuerte influencia de Cuba.