Relevante resultó para la comunidad teatral la aprobación este año en el Congreso de la Unión del artículo 226-bis, que establece un mecanismo que permite a la iniciativa privada destinar hasta 10 por ciento de su pago del impuesto sobre la renta (ISR) a la producción de obras de teatro.

Con dicho incentivo fiscal el gremio dispondrá, a partir de 2011, de hasta 50 millones de pesos anuales, destinados al quehacer teatral, los cuales se ejercerán mediante un fondo que podrá dedicar hasta 2 millones de pesos a cada proyecto.

Sin embargo, la puesta en práctica del recién aprobado artículo 226-bis ha suscitado entre la comunidad artística diversas críticas sobre un manejo discrecional de los recursos.

Si bien el gremio coincide en que se trata de un importante logro que beneficiará a la producción escénica, su normatividad –señalan creadores escénicos– debe evitar, entre otras cuestiones, el monopolio y el favoritismo, y fomentar la pluralidad.

Para la operación del artículo 226-bis se propuso la creación de un comité interinstitucional, integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes para supervisar el estímulo fiscal; además de la integración de un consejo para evaluar la viabilidad de los proyectos artísticos. Instancias que deben concretarse en 2011.

Habría que señalar que la iniciativa no salió de ninguna institución o autoridad cultural. No fue un logro proveniente de una determinada política cultural institucional, sino que fue presentada por la senadora María Rojo con el apoyo de la comunidad teatral, puntualizaron el escenógrafo Gabriel Pascal y el director Jorge Vargas.

El creador escénico Boris Shoemann advierte sobre el riesgo de que “ese tipo de leyes pueden fomentar la idea de que la cultura tiene que ser apoyada por la empresa privada mediante deducciones de impuestos.

“Es muy bueno que existan 50 millones de pesos más para la producción escénica, pero eso no debe sustituir o desviar la atención sobre una verdadera reforma y un plan real de desarrollo cultural integral para todo el país, como la creación de la infraestructura que tanto se requiere para la artes escénicas.

“Lo que necesitamos no es sólo que la iniciativa privada pueda deducir sus impuestos, sino que el gobierno los recaude de manera equitativa para financiar –desde el Estado– actividades educativas y culturales.

“El riego que se corre es caer en un tipo de apoyo interesado más por el espectáculo o en el modelo de filantropía gringa.

Los creadores pueden caer en un trabajo en el que lo más importante sea buscar financiamiento y la deducción de impuestos de los empresarios, y no la creación artística que es lo verdaderamente importante.

“En nuestro país –reconoce Shoemann– tenemos un programa del que muchos somos beneficiarios: México en Escena, que permite implementar proyectos a mediano y largo plazos.

Me parece un riesgo creer que ese incentivo fiscal es la panacea. Lo importante es buscar que se apruebe otro tipo de leyes en las que el Estado se comprometa a desarrollar la cultura de manera integral.

El funcionamiento del artículo 226-bis va a depender mucho de la manera en que se reglamente, apunta por su parte el director de la compañía Línea de Sombra, Jorge Vargas.

A partir de que se tienen 50 millones de pesos destinados a la producción del teatro independiente, “debe quedar bien establecida y diferenciada la idea ‘independiente’, para determinar qué tipo de proyectos tienen acceso al apoyo económico o cuáles van a ser las limitaciones de ciertos tipos de producción.

“En rigor –como producciones independientes– todos tienen derecho al beneficio de ese fideicomiso, pero creo que hay un territorio que debe ser muy claro respecto a qué nos referimos cuando hablamos de independiente: a proyectos estrictamente culturales, a no lucrativos o de todo tipo entran en ese rango.”

Piden fomentar la pluralidad

En torno a ese punto crítico, la dramaturga Estela Leñero considera que se debe acceder a los apoyos económicos aprobados por el Poder Legislativo con un objetivo artístico más que comercial, es decir, respaldar más al teatro cultural independiente que al de entretenimiento. En declaraciones hechas a la agencia Notimex, Leñero destacó: Se debe evitar el monopolio y el favoritismo y fomentar la pluralidad.

Idea en la que coincide el director de escena Édgar Álvarez Estrada: “Si bien la aprobación de la citada ley traerá una mayor producción de obras y promoverá a los artistas jóvenes, esto será así siempre y cuando su funcionamiento no se vicie ni se cubra de células cancerígenas muy propias de nuestra cultura, como el dedazo, el compadrazgo, el neopotismo o la sacralización de figuras intocables”.

Si no hay una clara normatividad, otro riego que se corre “es que empiecen a surgir una cantidad enorme de proyectos nuevos de agrupaciones con distintos años de trayectoria. En ello igual se debe poner atención para no caer en un territorio indefinido.

Sin embargo y de cualquier manera el incentivo es una mínima ventaja frente a los grandes atrasos, como la desatención y la indiferencia de las instituciones hacía el teatro independiente, apuntó Vargas.

De manera puntual y práctica, con el propósito de que funcione de la mejor manera y lo más pronto posible, el escritor, director e investigador cinematográfico Víctor Ugalde, quien impulsó el artículo 226 del ISR en materia de cine, apuntó en estas páginas (La Jornada 9/noviembre/2010) una serie de recomendaciones para que la legislación en materia de teatro no pase por los avatares, boicots y trampas que en su momento sufrió el estímulo fiscal del cine o todavía más lamentable a lo ocurrido al artículo 219, que se refería al apoyo a la ciencia y la tecnología y que desapareció en 2009.

Para Ugalde, el incentivo fiscal vino de cierta manera a corregir la política de recortes presupuestales para la producción teatral de nuestro país, impulsada por el gobierno federal en los años recientes, sobre todo en lo que se refiere al gasto directo a la creación dramática nacional.

Para que el estímulo al teatro mexicano sea democrático, incluyente, transparente y efectivamente pueda ser utilizado desde el primero de enero de 2011, Ugalde propuso:

“Que se incluya en la comisión de redacción de las reglas de operación a representantes de los intereses de la comunidad teatral, que 50 por ciento de los proyectos deban ser de un escritor nacional en idioma español o cualquiera de las 56 lenguas indígenas del país, que la nacionalidad del director sea mexicana y en el caso de ser extranjero contar con una residencia en México de más de tres años comprobables.

“Que el productor teatral y sus partes relacionadas sólo podrán obtener un apoyo al año, que se establezcan tabuladores por cada uno de los oficios y necesidades teatrales. En caso de que existan gestores de dinero para captar contribuyentes en apoyo al teatro, podrán obtener un máximo de 2.5 por ciento de los recursos conseguidos.

“Que se incluya en el costo de la producción el gasto de la promoción y la publicidad, mismas que no excederán 25 por ciento de las erogaciones de la producción teatral total, que la empresa productora no sea parte relacionada de las grandes empresas de comunicación nacional o extranjeras.

En caso de contar con otros apoyos estatales, determinar el porcentaje del presupuesto total del proyecto teatral. Al momento de concluir la temporada de estreno se deberá realizar una auditoría de cierre obligatoria. Y buscar indexar de forma automática el monto de los 50 millones de pesos de acuerdo con la inflación anual del Banco de México.

Las propuestas para la reflexión de la comunidad teatral, apuntó Ugalde, fueron escritas con el afán de evitar tropezarse con la misma piedra que obstaculizó por largos periodos el funcionamiento del estímulo fiscal en materia de cine.

En 2005 se emitió el artículo 226 del ISR en materia de cine, empero ese año no logró operar, explicó el investigador.

La SHCP se negó a hacer el reglamento aduciendo falta de técnica jurídica en el texto aprobado por el Poder Legislativo. No hizo, como lo ha hecho repetidamente en otros ordenamientos, las adecuaciones para su funcionamiento. El resultado fue que ese año nadie logró aplicarlo y regresaron a las arcas hacendarias los 500 millones de pesos reservados al efecto.

Apoyo a creadores

Mientras se espera en 2011 la reglamentación del artículo 226-bis en materia de teatro, en ese mismo terreno legislativo, el año 2010 terminó también con la presentación, el pasado jueves 9 de diciembre, ante el pleno de la Cámara de Senadores, de la iniciativa de ley para generar un fondo de apoyo para el acceso de artistas, creadores y gestores culturales a la seguridad social.

La iniciativa presentada por la senadora María Rojo, con el apoyo de la comunidad cultural, implica beneficios no sólo a los teatreros, sino a escritores, artistas plásticos y visuales, compositores, bailarines y gestores culturales, entre otros artistas y creadores, quienes como trabajadores no asalariados de la cultura generalmente prestan sus servicios mediante honorarios.

De acuerdo con Federico Urtaza, secretario técnico de la Comisión de Cultura, la iniciativa de ley para dotar de seguridad social a los artistas se encuentra desde el día 9 de diciembre en las comisiones de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado para su análisis.

El eje de esa iniciativa es que el Estado mexicano apoye a los artistas, creadores y gestores culturales que con aportaciones propias deseen incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o cualquier otro organismo estatal o municipal similar.

Ante ambas iniciativas la comunidad teatral y cultural, en general, tienen para 2011 frente al ámbito legislativo, mucho que reflexionar y trabajo que hacer.