Las principales causas de la explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrida el pasado domingo en San Martín Texmelucan, Puebla, apuntan hacia el descontrol de una toma clandestina y no a problemas de mantenimiento, afirmó el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

Sin embargo, apuntó, habrá que esperar el resultado de los peritajes que realizan tanto técnicos de la Procuraduría General de la República (PGR) como de la empresa, los cuales se tendrán a más tardar en tres meses. Calculó que la petrolera ha gastado entre 35 y 50 millones de pesos para controlar los daños a la infraestructura. Además, señaló, cuenta con un respaldo de 500 millones de pesos, por concepto de seguros, para cubrir los daños.

Informó que la PGR cortó un tramo de 17 metros del ducto para analizarlo y determinar con la mayor precisión posible las posibles causas de la explosión. También rechazó las versiones de que pueda existir peligro para los habitantes de la zona que pretendan reconstruir sus viviendas en las inmediaciones del ducto siniestrado.

En conferencia de prensa, el funcionario hizo un recuento de la problemática que representa para Pemex el robo de combustibles. Es el problema que mayores pérdidas le provoca a la empresa, dijo.

Diversificación de ilícitos

Afirmó que si bien la paraestatal ha invertido alrededor de 400 millones de pesos en mantenimiento del ducto siniestrado, el mercado ilícito por tomas clandestinas ha evolucionado y se ha diversificado, pues del robo en poliductos los delincuentes han pasado a la extracción de producto en ductos de gas licuado de petróleo (lp) e incluso oleoductos.

Suárez Coppel refirió que la detección de tomas clandestinas se ha incrementado debido, principalmente, a la mayor vigilancia en los ductos y a la utilización de equipos especiales para la inspección interior.

Tan sólo de enero a noviembre de este año, recordó, se tienen detectadas 614 tomas clandestinas, de las cuales 368 corresponden a poliductos, 196 fueron descubiertas en oleoductos y 50 en ductos de gas lp. Con la tendencia actual se percibe que se tendrán más de 650 este año.

En 2009, de acuerdo con datos de Pemex, se descubrieron 439 tomas ilegales.

Foto Víctor Camacho

También hizo mención de que en el mismo periodo 63 por ciento de las tomas clandestinas se detectaron en siete sistemas de ductos. De éstos, seis corresponden a Pemex Refinación y uno a Pemex Gas. Además, esas tomas ilegales se dieron en Veracruz, con 129; Sinaloa, 85; estado de México, 68; Tamaulipas, 54, y Nuevo León, 51.

Puntualizó que 95 por ciento de las tomas clandestinas son herméticas, donde no se producen fugas, y sólo 5 por ciento de ellas se descontrolan y provocan percances como el ocurrido el pasado domingo.

El director de ductos de Pemex Refinación, Francisco Fernández, dijo que desafortunadamente la actual legislación no considera el robo de combustibles como un delito grave y por ello los delincuentes que son detenidos finalmente obtienen su libertad con el pago de una fianza.

Es necesario endurecer las penas para desalentar este tipo de delitos, incluso, con la aplicación de la extinción de dominio, manifestó Fernández Lagos.

Comentó esto debido a que apenas este lunes la delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, denunció el hallazgo de una toma clandestina en la zona urbana de la capital. Se encontraba dentro de una casa habitación y estaba al lado de otra que ya había sido cancelada con anterioridad, comentó.

Por medio de un boletín de prensa, Pemex afirmó que el incidente en San Martín Texmelucan no afectará el abasto de gasolinas y diesel ni en la zona cercana a la refinería de Tula, Hidalgo, ni tampoco en el resto del país.

El Sistema Nacional de Refinación, en particular la refinería de Tula, sostuvo la empresa, cuenta con inventario suficiente de crudo para continuar con sus procesos normales de producción.

Por la mañana, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, informó que la explosión en el ducto de Pemex causó la pérdida total de un puente carretero y daños a otro. Este último es evaluado para determinar si se requiere su demolición o puede repararse.

Agregó que aunque esa infraestructura había sido transferida a los gobiernos locales, será la dependencia a su cargo la que se reconstruya el puente destruido y determine si los daños causados al segundo pueden repararse.