Buenos Aires, 20 de diciembre. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, advirtió hoy que su gobierno tiene clara la diferencia entre una manifestación social y el crimen y el delito, y que no se puede proceder de la misma manera frente a estas situaciones, aunque una movilización popular adopte medidas o conductas que no deben ser imitadas, en respuesta a quienes demandan represión y mano dura.

Dijo que la seguridad, la vida y la democracia son valores que han costado mucho a los argentinos y es un deber cuidarlos y preservarlo, al advertir que pretender que la pobreza es la causa -de la inseguridad-, es no entender que también existe el crimen organizado, que se mueve sobre las necesidades de la gente. Criticó a los políticos que acusan de delincuentes a los pobres, simplemente por serlo.

En tanto, diversas manifestaciones recordaron los trágicos sucesos de 2001, cuando unas 35 personas murieron víctimas de la represión, después que en las últimas horas del 19 de diciembre el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio, en el marco de saqueos de supermercados y un caos generalizado por las medidas económicas que se adoptaron.

Un cacerolazo masivo sacudió la ciudad y junto a sectores populares se lanzaron a la calle ahorristas desesperados, miles de desocupados y clase media conformando una rebelión que abarcó todo el país, conocida como el argentinazo, lo que significó la derrota del neoliberalismo rampante impuesto en los años 90.

De la Rúa renunció mientras a su alrededor la ciudad ardía y del 20 de diciembre al 1 de enero de 2002 se sucedieron cinco presidentes.

Algunos manifestantes quemaron hoy llantas frente al edificio de la municipalidad de Buenos Aires, en una protesta contra el jefe de gobierno capitalino Mauricio Macri, otros pedían justicia para los últimos muertos en conflictos sociales y los más rindieron homenaje a las víctimas de diciembre de 2001.

En tanto, Macri dialogó con los vecinos de Villa Lugano, que se oponen a la ocupación del club barrial Albariños que mantienen desde la semana pasada unas 300 personas, las que se niegan a dejar el lugar y exigió represión al gobierno nacional, acusándolo de haber enviado fuerzas de seguridad no para cuidarlos sino para proteger a los ocupantes de predios, lo que fue analizado como una forma de azuzar violencia contra el Ejecutivo.

Por otra parte, el ex presidente Eduardo Duhalde, quien quedó interinamente al frente del gobierno desde enero de 2002, y al que se acusa de haber alentado los saqueos de 2001 en la provincia de Buenos Aires, demandó que el gobierno cumpla la ley y reprima.

Duhalde, quien lanzó su candidatura presidencial para 2011 por el Peronismo Federal (de derecha), dejó el gobierno el 25 de mayo de 2003, en forma adelantada, después que fuerzas policiales asesinaron a dos jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en junio de 2002 durante una protesta social.

De esta manera se ha llegado a otro momento de serias encrucijadas ante lo cual la presidenta lanzó hoy un plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires bajo el nombre de Operativo Centinela, al enviar seis mil gendarmes para trabajar en prevención en esa zona, la más poblada del país, con 39 por ciento de los más de 40 millones de argentinos según las última cifras.

La mandataria recordó a los gendarmes que su gobierno considera a la seguridad como un derecho de todos los ciudadanos en el marco de las leyes, y que cada vez que se le hizo creer a la sociedad que el respeto a la seguridad estaba por encima de la vida humana, nos estábamos equivocando.

Por su parte, la nueva ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien cambió la cúpula de la Policía Federal, ratificó que ésta no actuará con armas de fuego en el control de los conflictos sociales, sino con los elementos disuasorios y afirmó hoy que el gobierno trabaja junto al juez que ordenó recuperar el predio del Club Albariños sin víctimas, porque estamos convencidos que la vida de la gente debe ser garantizada.

Señaló también la necesidad de hacer justicia “sobre aquellos grupos que están tratando de generar este tipo de actividades para oscuros negocios, después que el ministro del Interior, Florencio Randazo advirtió ayer que durante las tomas de predios en esta capital hubo infiltrados que responden a dirigentes políticos y grupos económicos que pretenden ser candidatos de la derecha, más allá de reconocer el justo reclamo de algunos vecinos. Randazzo señaló al ex presidente Duhalde en estas acciones, que el espacio Carta Abierta de los intelectuales, mencionó como nuevas amenazas destituyentes.