Guanajuato, Gto., 19 de diciembre. Durante los 10 años recientes, el Congreso de Guanajuato interpuso 117 denuncias penales por quebranto a las finanzas de 43 ayuntamientos y diversas dependencias estatales, lo que involucra un monto de cuando menos 23 millones de pesos.

Del total de las denuncias, 66 fueron archivadas, 19 se turnaron a jueces, 22 están en trámite y 10 en reserva o acumuladas a otra investigación. Sólo en 53 casos se calcula que los daños ascienden a unos 23 millones de pesos, informó la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo.

No sólo se desconoce la situación procesal de los asuntos que fueron consignados al Poder Judicial, sino la mayoría de los desfalcos están impunes porque no se emitió sentencia o los expedientes quedan paralizados en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), detalló el órgano de transparencia.

En diciembre de 2008, la pasada Legislatura denunció al consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), José María Aizpuru, por gastar 115 mil pesos del presupuesto para hacerse una cirugía estética e ingresar una factura falsa para comprobar gastos por 20 mil pesos.

La PGJE aún tiene pendiente una denuncia interpuesta a finales de 2009 contra Mario Turrent, ex alcalde de Irapuato, por entregar 2.5 millones de pesos a la empresa Traesa para la construcción de una relleno sanitario, obra que no se realizó.

Entre los litigios más recientes destaca el iniciado en agosto pasado por daños patrimoniales todavía no cuantificados en la anterior administración de Apaseo el Alto, que encabezó Martín López Camacho, y otro por los presuntos desvíos detectados en San Miguel de Allende durante el ayuntamiento 2006-2009 que presidió el hoy diputado local panista Jesús Correa Ramírez.

Es verdaderamente alto el grado de impunidad de los delitos cometidos por ex alcaldes y ex funcionarios estatales, y el Congreso sólo da un espectáculo cuando aprueba denunciar los casos y luego éstos se paralizan en la Procuraduría de Justicia, recriminó el presidente de la Asociación Ciudadanos en Movimiento para el Desarrollo, Miguel Chávez Guzmán.

Se supone que el Congreso, por conducto del Órgano de Fiscalización, entrega todas las pruebas de los desfalcos y aún así el Ministerio Público no actúa, lo cual es lamentable, pues demuestra que hay discursos demagógicos en vez de estado de derecho. Sólo si existe un interés político-partidista la justicia es rápida, pero si no, las averiguaciones prescriben, se archivan o son reservadas, añadió.

Ningún alcalde u otro funcionario del municipio de León –que lleva más de 20 años en poder del Partido Acción Nacional (PAN)– ha sido denunciado por el Congreso de Guanajuato, pese a que funcionarios de la administración invirtieron sin autorización y perdieron 37 millones de pesos en la quebrada empresa Metrofinanciera.

En diciembre de 2008 el Poder Judicial del estado sentenció por peculado a cinco años de semilibertad al ex munícipe panista de Villagrán (2000-2003), Salvador Acosta Guerrero, quien sólo pisa la cárcel los fines de semana.

Otro juicio concluido es el de Pedro Gaviña, ex alcalde panista de Yuriria (1998-2000), también sentenciado a pasar los fines de semana en la cárcel de Valle de Santiago y quien murió en febrero de 2008 de un paro cardiaco.

Un casos de justicia expedita fue el de José Benjamín Martínez, ex edil priísta de San Felipe (2000-2003), cuyo mandato fue revocado por el Congreso a petición del entonces procurador de Justicia, Miguel Valadez Reyes, por un presunto desvió de recursos para propaganda partidista.