La iniciativa de Ley de Migración que presentó recientemente el Senado es una propuesta digna de celebrarse, pues con ella se actualizaría una legislación que lleva más de 40 años sin cambios, pero algunos puntos del documento deben ser revisados cuidadosamente, advirtieron representantes de organizaciones civiles.

En conferencia de prensa, la investigadora Leticia Calderón, del Instituto Mora, subrayó que el momento político actual es propicio para debatir y analizar todos los aspectos de dicha norma, mejorarla y darle un enfoque más amplio.

Fabienne Venet, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, advirtió que, a pesar de los tratados que México ha firmado y ratificado en la materia, no se han diseñado y aplicado políticas públicas reales para atender las necesidades de los indocumentados que cruzan por el país, cuyos derechos humanos son violados cotidianamente.

Aunque hay elementos de la propuesta que significarían avance, hay otros que siguen en la misma tendencia de las actuales leyes, como el hecho de que no consideren las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre las condiciones laborales de los migrantes.

Para que dé buenos resultados en la práctica, consideró, el documento del Senado tendría que abordarse de manera integral, por lo que llamó a que el Congreso comience pronto su discusión.

Perseo Quiroz, abogado de la organización Sin Fronteras, ponderó los aspectos positivos del proyecto, pero también destacó la falta de atención a la manera en que los migrantes son tratados por las autoridades al ser detenidos y el estado de incertidumbre legal en que éstos permanecen.

A propósito de ello, Mario Santiago Juárez, de la asociación civil Idheas, alertó que en las estaciones migratorias del país permanecen decenas de miles de extranjeros indocumentados –250 mil entre 2007 y 2009, según sus cálculos–, quienes son recluidos hasta por un año sin saber cuál es exactamente su situación jurídica.

Los ponentes destacaron que la iniciativa del Senado sigue considerando al migrante desde la perspectiva de la seguridad nacional, en la que es visto como un peligro. No habla de medidas específicas de seguridad para ese sector ni tiene una perspectiva hospitalaria para los extranjeros que desean residir en el país.

México es uno de los principales generadores de migrantes y, por tanto, tiene la obligación moral de realizar una ley a esa altura, enfatizó Calderón.