Chihuahua, Chih., 17 de diciembre. Si me matan, que lo hagan frente a palacio de gobierno, para que (a las autoridades) les dé vergüenza, dijo la semana pasada Marisela Escobedo Ortiz mientras instalaba ante la sede del gobierno estatal el campamento donde se plantó los días recientes para exigir justicia por el asesinato, en agosto de 2008, de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

La noche del jueves, un pistolero llegó hasta ese sitio, se bajó de un carro blanco, se acercó a la señora a quien le hizo un primer disparo que no percutió y luego la persiguió; ella cruzó la calle en medio de los vehículos en movimiento rumbo al palacio de gobierno, él le hace otro disparo y la señora cae muerta: el asesino regresa al automotor y huye.

A principios de diciembre, Escobedo Ortiz dijo a La Jornada que gente de Fresnillo, Zacatecas, le indicó que una cuñada de Sergio Rafael Barraza Bocanegra –su yerno y asesino confeso de su hija– le había indicado que este sujeto acabaría con ella si seguía buscándolo a fin de que pagara la pena de 50 años de prisión a que se le condenó por un tribunal de casación.

Cuando su hija desapareció, la madre investigó, encontró al responsable, lo obligó a decir dónde estaba enterrado el cuerpo, hizo que confesara que él la había matado por celos y a pesar de eso tres jueces de un tribunal oral lo dejaron libre, pues consideraron que por técnica jurídica no podían condenarlo.

Marisela logró, junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que un tribunal de casación rectificara el dictamen de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria contra Barraza Bocanegra, en el que se le condenaba a 50 años de prisión, pero para entonces el asesino ya había huido.

A solicitud del gobernador, el pleno del Tribunal de Justicia del Estado (TJE) decidió hoy suspender de sus funciones a Netzahualcóyotl Zúñiga Vásquez, Rafael Boudib Jurado y Catalina Ochoa Contreras, los tres jueces del tribunal oral de Ciudad Juárez que absolvieron a Barraza Bocanegra.

El presidente del Poder Judicial, Javier Ramírez Benítez, explicó que los tres fueron suspendidos sin goce de sueldo y, en caso de que fuesen requeridos para un juicio, serán sustituidos por otros tres juzgadores que determine el TJE.

Luz Estela Castro, asesora legal de la activista asesinada, criticó que esta destitución haya ocurrido hasta ahora. Esa solicitud oficial fue realizada hace meses ante la Comisión Interinstitucional creada por los poderes Judicial y Ejecutivo, y organizaciones no gubernamentales, para dar seguimiento al caso.

La destitución de los jueces fue una de las demandas centrales de las protestas de Marisela. Que no salgan ahora con eso, manifestó.

Si me matan, que lo hagan frente a palacio de gobierno, para que les dé vergüenza, dijo la semana pasada Marisela Escobedo Ortiz. Aquí, durante una protesta en septiembre de 2008Foto Alejandro Bringas

Acto de venganza: gobernador

El gobernador César Duarte Jáquez declaró que el crimen de Marisela está vinculado a un acto de venganza relacionado por sus demandas de justicia por el asesinato de su hija. Señaló que las autoridades de Chihuahua tienen información de que Sergio Barraza pertenece a una célula del cártel de narcotraficantes de Los Zetas y podría encontrarse detrás del homicidio de la señora Escobedo.

El asesino no es el yerno: fiscalía

La Fiscalía General dio a conocer el retrato hablado del asesino de Marisela Escobedo y confirmó que la principal línea de investigación conduce a Barraza Bocanegra y los probables vínculos de éste con bandas del crimen organizado en Zacatecas. El asesino, sin embargo, no es el yerno de la señora, sino un desconocido, se dijo oficialmente.

Carlos Mario Jiménez, fiscal de investigación y persecución del delito, y Jorge González Nicolás, fiscal de la zona norte, informaron que el probable homicida es un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, de entre 1.70 y 1.75 metros de estatura, complexión robusta, tez morena y cabello negro corto, contra el cual ya existe una orden de captura.

Familiares se llevan el cuerpo a Juárez

Alejandro y Eduardo Frayre Escobedo, hijos de la víctima, exigieron justicia: mi madre será recordada como la mujer que murió por reclamar justicia para su hija. Su muerte es muestra de la ineptitud del gobierno mexicano, dijo Alejandro.

Los dos, junto con otros tantos hermanos y su padre decidieron trasladar el féretro de la fallecida a Ciudad Juárez debido al temor de sufrir nuevas represalias de continuar con las protestas, pues inicialmente anunciaron que llevarían el ataúd con el cuerpo de la señora a las puerta de palacio de gobierno.

Protestas en Chihuahua y Ciudad Juárez

Decenas de mujeres acudieron a la Plaza Hidalgo de la capital del estado, donde mataron a Marisela, para expresar su duelo por el asesinato.

Las mujeres le rindieron un homenaje y colocaron su nombre en un nuevo clavo que agregaron al monumento en memoria de las más de 300 mujeres asesinadas en Chihuahua desde 1993.

En Ciudad Juárez, organizaciones de la sociedad civil se declararon en alerta roja, porque existe amenaza para otras activistas defensoras de los derechos humanos y de las mujeres.

Francisca Galván, de la organización Defensora de los Derechos Humanos Paso del Norte, dijo que el asesinato de Marisela fue un crimen de Estado, y rechazó la línea de investigación que sigue la Fiscalía General de Justicia del estado de que el asesino sería Barraza Bocanegra. Exigió que capturen a sus asesinos, material e intelectual.