Los pecados de la agroecología
según el capital

FOTO: Claudio Vicuña

Y he aquí los pecados de la
agroecología: reduce el
consumo de agroquímicos,
conserva material genético
y depende del campesinado

Eric Holt-Gimenez

La agroecología –aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de sistemas agrícolas sostenibles– es la mejor forma para que el agro haga frente al cambio climático. Remedia el calentamiento global al reducir la emisión de gases invernaderos y al capturar carbono. Mitiga los efectos globales al incrementar la resiliencia agrícola. Y facilita la adaptación porque ayuda al agricultor a responder de manera rápida ante los cambios de clima. Todo eso hace la agroecología mientras produce más comida por hectárea que la agricultura convencional.

Entonces, ¿por qué la agroecología no fue un tema fundamental en las negociaciones de Cancún? Hay que acordarse de que la ciencia agroecológica nació de observaciones ecológicas a los sistemas agrícolas tradicionales. Cuarenta años de acompañamiento, investigación, innovación y práctica entre científicos y campesinos han refinado la agroecología, resultando en un método sofisticado para manejar agro-eco sistemas diversificados y productivos que conservan el medio ambiente. También, ayudan a conservar in situ la semilla criolla campesina, un patrimonio genético irremplazable.

Y he aquí los pecados de la agroecología: reduce el consumo de agroquímicos, conserva material genético y depende del campesinado. Los primeros dos pecados reflejan la burda lógica del mercado agroindustrial que se opone férreamente a cualquier cosa que reduzca sus ventas. El tercero tiene una lógica de clase. Apoyar, fortalecer o provenir de un campesinado independiente siempre ha sido imperdonable para las clases pudientes. Durante medio siglo de modernización agrícola, el capital agroindustrial quiso eliminar al campesinado, (aun mientras le extraía el valor de su mano de obra, sus semillas y su sobreproducto). Ahora el capitalismo lo ve como obstáculo a su proyecto de financializar la crisis climática. La agroecología no sirve a los intereses de quienes se reunieron en Cancún sirve los intereses de su enemigo de clase.

Hace 12 años el huracán Mitch, evento climatológico por excelencia, azotó el istmo mesoamericano. Después de 30 años de desarrollo agrícola convencional, el medio ambiente –y los campesinos que ahí vivían– se encontraban vulnerables ante el fenómeno. El llamado “huracán de los pobres” soltó la lluvia de diez inviernos sobre las laderas erosionadas, las barrancas precarias y la golpeada frontera agrícola, y dejó 12 mil muertos.

Mientras los gobiernos y la cooperación externa negociaban planes de reconstrucción, los hombres y mujeres del Movimiento Mesoamericano Campesino a Campesino se organizaron en un esfuerzo masivo para medir y comparar el impacto del Mitch sobre la agricultura agroecológica y la agricultura convencional. El proyecto involucró a dos mil campesinos de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Encontraron que, en comparación con las parcelas convencionales, las agroecológicas tenían 40 por ciento más capa fértil, 70 por ciento menos erosión y 50 por ciento menos derrumbes. Además tuvieron menos pérdidas económicas. Los campesinos descubrieron algo que los científicos ahora afirman: la agroecología reduce la vulnerabilidad ante los desastres naturales. También se dieron cuenta del corolario: la agricultura convencional aumenta la vulnerabilidad.

Publicaron sus resultados en revistas científicas. Instaron a sus gobiernos a reconstruir el campo a base de la agroecología. Ellos mismos podrían multiplicar el conocimiento de campesino a campesino.

¿La respuesta? El Plan Puebla-Panamá. En su gran sabiduría neoliberal, El Banco Interamericano de Desarrollo, los ministros de Agricultura de México y Centroamérica, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la cooperación europea vieron en Mitch una oportunidad perfecta para abandonar el campesinado y convertir la región en una enorme maquiladora. Según ellos, esta inserción en el mercado global traerá progreso económico a todo el istmo... Ya sabemos el resultado.

Los campesinos del Movimiento Campesino a Campesino aprendieron una lección dura: No basta tener la razón. Sin una organización política que ejerza presión, que fije políticas afines y que proteja al campesinado, la agroecología, por muy eficaz que sea, no tiene ninguna posibilidad de hacerle frente a los desastres naturales.

La destrucción neoliberal de la economías campesinas en México y Centroamérica provocó una ola migratoria sin antecedentes, seguida por la entrada de los monopolios mas voraces del planeta: Cargill, Monsanto, Syngenta, ADM, Wal-Mart... Mientras el Plan Puebla-Panamá agoniza por falta de inversiones (la región nunca tuvo la menor posibilidad de competir con China), los grandes capitales agro-alimentarios desmantelan y remodelan Mesoamérica a su gusto.

Frente a las sequías, huracanes, heladas y plagas que traerá el cambio climático, los servidores de la agroindustria se reunieron en Cancún para proponer mercados de carbono y la privatización de los bosques. No se mencionó la agroecología en las plenarias, despachos, ni pasillos oficiales. No hablaron del campesinado. No, la agroecología se alzó en las calles con el grito de los campesinos y las campesinas, quienes, negándose a desaparecer, nos ofrecen una vía productiva, limpia y justa para enfriar el planeta. Esta vez debemos apoyarles, por el bien de todos.

Director ejecutivo de Food First, Instituto de Política Alimentaria y Desarrollo

FOTO: Christian Guthier Lo agroindustrial calienta, lo agroecológico enfría Víctor M. Toledo En el asunto del cambio climático, que es quizás el evento más preocupante de la historia de la humanidad, hay que marcar las diferencias y delinear los matices. Por ejemplo, no se puede afirmar que todos seamos culpables, humanidad o especie, como pregona la retórica superficial que domina los medios masivos y los discursos de los políticos. Los culpables tienen nombre y apellido, y en cada ámbito existen diferentes circunstancias, causas, efectos y afectados. En el caso del campo, las áreas rurales del mundo son hoy escenarios donde se realiza también la batalla entre la vida y la muerte... del planeta. El calentamiento global se debe no sólo a la producción industrial y al transporte. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, de 25 a 32 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global provienen de áreas rurales: hasta 18 por ciento debido a la deforestación, principalmente en las regiones intertropicales, es decir, la conversión de bosques y selvas en áreas agrícolas y pecuarias, y hasta 14 por ciento por la agricultura y ganadería, pues ciertos cultivos y las reses generan o eructan metano, gas más dañino que el bióxido de carbono. En esta arena de procesos antiguos y nuevos, los agronegocios, basados en el modelo agroindustrial, calientan; la agroecología, generalmente practicada por los pequeños productores tradicionales, enfrían. Este dilema representa las dos opciones del mundo agrario: una basada en la conversión de la naturaleza en un piso de fábrica para la producción especializada en medianas y grandes propiedades y utilizando todo el arsenal agroindustrial: fertilizantes y pesticidas químicos, maquinarias, petróleo y gas, y variedades genéticamente modificadas incluyendo organismos transgénicos. La otra, que busca la relación recíproca con la naturaleza y sus procesos, tomando en cuenta las sabidurías locales y tradicionales, respetando la diversidad biológica y genética, utilizando energía solar, realizada en pequeña escala por familias, cooperativas y comunidades. El modelo agroindustrial contribuye de manera cuádruple al calentamiento global, porque 1.- es la principal causa de deforestación al ampliar los extensos monocultivos agrícolas y de pastos; 2.- aumenta la cabaña ganadera a niveles excesivos: hacia 2001 se reportaban más de mil 500 millones de reses en el mundo; 3.- utiliza petróleo y gas como fuentes casi únicas de sus prácticas, y 4.- al inducir la especialización de enormes regiones agrarias, estimula el transporte de alimentos desde largas distancias aumentando la quema de combustibles fósiles. En contraste, la práctica de la agroecología, como la agricultura orgánica y sustentable, la ganadería holística y el manejo ecológicamente certificado de bosques y selvas, fundadas en la agrodiversidad y en la búsqueda de localidades y regiones autosuficientes, que producen casi todos sus alimentos y evitan el uso de energía en su transporte, contribuyen a aminorar el calentamiento global. Hay todavía otra razón a favor de la opción agroecológica: su resistencia a los riesgos provocados por el cambio global del clima. Esto ha quedado demostrado por experiencias como la del movimiento de campesino a campesino del norte de Centroamérica, un proceso de innovación que se inició en 1987, llevando como actores a familias campesinas de Guatemala, México y Nicaragua, y que hoy alcanza ya a unas 10 mil familias. La eficacia de las técnicas aplicadas en el movimiento de campesino a campesino ha quedado corroborada por una investigación rigurosa de carácter colectivo y participativo realizada en 1999-2000 para evaluar los impactos del huracán Mitch. Con la participación de unas 40 organizaciones campesinas y ONGs de Guatemala, Honduras y Nicaragua, se crearon cien equipos de investigación que levantaron datos en mil sitios con impactos bajos, medios y altos del huracán, comparando terrenos bajo manejo agroecológico y terrenos contiguos bajo manejo convencional. Los resultados mostraron la mayor resistencia, entendida como la capacidad para amortiguar eventos catastróficos, de las parcelas agroecológicas confirmando de paso su carácter sustentable (ver detalles en Holt-Giménez, E. 2008. http://www.simas.org.ni/files/cidoc/ CaC-mov%20centroamerica.pdf). Por todo lo anterior debe exigirse una política agroalimentaria que no esté en favor de los grandes propietarios agrícolas, ganaderos y forestales, de las empresas monopólicas y de los consorcios alimentarios, es decir, del sector que produce alimentos emitiendo los máximos niveles de carbono. Tan sólo la renuncia oficial a la soberanía y autosuficiencia alimentarias provoca la importación de 45 por ciento de alimentos de Estados Unidos, con altos costos en transporte y energía. Esta complacencia del gobierno mexicano por los agronegocios se complementa con la falta de apoyo a la agricultura orgánica, a la forestería comunitaria, a los proyectos de sustentabilidad rural (en el país existen dos mil), a los sistemas agroforestales de café, en fin, a las formas que menos contribuyen al calentamiento global del planeta. El movimiento y la resistencia campesinos están obligados a tomar un papel activo en este nuevo escenario de luchas, ya vislumbradas desde hace décadas, donde la defensa del planeta es también la lucha por la soberanía alimentaria, las culturas milenarias y la vida campesina e indígena. Y es que la lucha social y la lucha ecológica son una misma, especialmente en el caso del campo, donde el avance de la modernización neoliberal destruye por igual idiosincracias y culturas tradicionales y recursos naturales de todo tipo.

Manejo comunitario del agua y cambio climático

Catarina Illsley y Emilia Pool

Las comunidades campesinas e indígenas de México son al mismo tiempo usuarias y productoras de agua. Como usuarias ocupan los últimos lugares en dotación de servicios de agua potable y drenaje. En contraste, como productoras captan alrededor de 23.3 por ciento del agua pluvial del país.

Esto, porque casi la mitad de las regiones de mayor precipitación –incluyendo las cabeceras más importantes de las cuencas– corresponde a territorios de pueblos indígenas. Éstas aportan unos 122 mil milímetros cúbicos de agua que sirve para el abasto propio y de otras regiones (incluyendo ciudades importantes, entre ellas el Distrito Federal, que son abastecidas de agua total o parcialmente por pueblos indígenas); de la mayoría de las presas que en el norte del país forman los distritos de riego de la agricultura de alto rendimiento, y de sistemas importantes para la generación de electricidad y para el equilibrio de los ecosistemas.

A la vez, los efectos del cambio climático, sobre todo las lluvias impredecibles y el paso de los huracanes, están afectando ya de manera directa a las comunidades indígenas y campesinas. Son quizá los más afectados a pesar de que han contribuido muy poco a las emisiones de gases de efecto invernadero.

FOTO: Carlos Ramos Mamahua / La Jornada

Más de la mitad del territorio nacional se encuentra bajo régimen de propiedad social: pertenece a ejidos y comunidades indígenas. El 14.3 por ciento de la superficie del país que contiene la mayor parte de las selvas húmedas y los bosques templados húmedos está bajo la custodia de comunidades indígenas incluyendo un tercio de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Es claro entonces que la conservación de gran parte de la biodiversidad y los ecosistemas del país, así como de los servicios que éstos proporcionan, en primer lugar el abasto de agua, depende del manejo sustentable y la conservación los territorios campesinos. Se hace entonces prioritario considerar a las comunidades campesinas y a sus habitantes en cualquier estrategia de política relacionada con el manejo de los recursos naturales y el cambio climático.

Los campesinos del mundo, en particular los indígenas, desde siempre han producido alimentos y bienes bajo condiciones limitantes de energía, tecnología y escala. Los mexicanos conocen y usan un amplio espectro de tecnologías para cosechar el agua, conservar la humedad del suelo y hacer un uso más eficiente del riego, así como para reducir las inundaciones, la erosión y la lixiviación de nutrientes cuando la precipitación pluvial aumenta. Estos sistemas de conocimiento que, aunque deteriorados, aún subsisten, devienen en herramientas para ampliar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad del medio rural ante el cambio climático.

Algunos ejemplos: desde tiempos prehispánicos se han levantado terrazas y bordos de diversos tipos, usando materiales locales y plantas como magueyes o pequeños árboles, para retener la humedad, abatir la erosión y crear nuevos espacios para el cultivo, como los metapantlis del Altiplano Central. También se construyen canales, pequeñas presas y zanjas para dirigir el agua y los sedimentos hacia las parcelas o lejos de ellas, y para disminuir la velocidad de las corrientes en las barrancas. Los sistemas tradicionales de riego con zanjas y pantles de Morelos y Puebla aprovechaban el agua de lluvia con eficiencia energética. Los campos elevados, camellones y chinampas son ejemplos de sistemas ancestrales que permiten la producción intensiva y diversificada con control de la temperatura del suelo y de los niveles del agua. En el otro extremo, en territorios escasos en agua, algunos chochos de la Mixteca oaxaqueña aún saben cultivar el maíz de cajete, cuya alta productividad se logra mediante un manejo óptimo de la humedad retenida en el suelo. Como éstos, hay infinidad de ejemplos para todas las regiones bioculturales del país que valdría la pena examinar a la luz de la crisis climática.

Estos complejos conocimientos se encuentran aparejados con mecanismos que facilitan la acción colectiva para el uso y manejo de los recursos naturales, algunos de los cuales permiten la creación de instituciones robustas y agilizan la evaluación y la adaptación de éstas a un entorno cambiante. Donde aún funcionan, las asambleas comunitarias, los sistemas de cargos, los comités de usuarios son formas organizativas que pueden concretar la regulación local y la articulación de acciones orientadas a la adaptación y la mitigación efectivas. Por tratarse de instituciones locales creadas por los usuarios de los recursos naturales, no únicamente disminuyen los costos de transacción para el monitoreo, la vigilancia y la sanción a quienes incumplen con los acuerdos de manejo, sino que proporcionan información más precisa y oportuna sobre las condiciones de los recursos y sus cambios.

Ante esta realidad, es decir, ante el hecho que los campesinos son habitantes, conservadores y poseedores de conocimientos e instituciones para el buen manejo hay un reclamo internacional legítimo para que los programas partan de “el reconocimiento de los derechos de las poblaciones locales, de su consentimiento previo libre e informado, de la seguridad en sus derechos de propiedad sobre los recursos según las leyes y sus usos y costumbres y del fortalecimiento de los servicios ambientales ecosistémicos por medio de la incorporación de los saberes locales” (Declaración de Anchorage 2009, Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático).

Dada la magnitud y la velocidad de los cambios climáticos actuales, es necesario aportar información y fortalecer capacidades mediante el impulso de procesos de base comunitaria, participativos e incluyentes, de producción de conocimientos, mitigación y adaptación al cambio climático. El proyecto Agua Compartida para Todos, que –auspiciado por la Fundación Río Arronte IAP– desarrollan el Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, AC (GEA) y una veintena de comunidades marginadas de la región centromontaña de Guerrero, así como proyectos de otros grupos en México y otros países demuestran que existe instrumental teóricometodológico- práctico y suficiente experiencia acumulada para implementar nuevos modelos de política pública que permitan fortalecer a las comunidades en sus capacidades para producir agua y enfriar el planeta, incorporando los derechos de las poblaciones locales y construyendo relaciones policéntricas entre las comunidades y otros actores relevantes, que pueden incluir a instituciones académicas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, iglesias, etcétera.

Programa de Manejo Campesino de Recursos Naturales del GEA, AC [email protected]

Se encuentra abierta la convocatoria de la Fundación Gonzalo Río Arronte: Agua para Comunidades Marginadas. http://www.alternativasociales.org/esp/index.php

Sergio Madrid

En su versión 2010, la Evaluación de los recursos forestales mundiales, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reporta que México tiene 64.7 millones de hectáreas de bosques y selvas y lo coloca en la lista de los 12 países con mayor superficie de estos ecosistemas. Además de su relevancia por su extensión, los bosques de México destacan por la biodiversidad que albergan y, sin duda, por el carbono que almacenan en su biomasa aérea y subterránea, la cual es estimada en ocho mil 700 millones de toneladas de carbono.

Hoy día las reservas de carbono en los bosques han adquirido enorme relevancia en el marco del aumento de la concentración de CO₂ en la atmósfera y sus efectos en clima mundial. Esto se debe a que, de acuerdo con los reportes nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría de las áreas forestales del mundo, en lugar de ser captadores netos de carbono, son ahora responsables de casi 20 por ciento de las emisiones totales debido a los procesos de deforestación y degradación forestal.

En este contexto hoy se discute cómo se puede frenar ese proceso de pérdida de las reservas de carbono y cómo lograr que los territorios forestales sean efectivamente sumideros y almacenes de carbono. Sin la menor duda, lograr este objetivo es un imperativo que debe alcanzarse pronto frente a los graves riesgos que significa el cambio climático en términos de sequias, inundaciones y cambios en los regímenes de lluvia.

Esta discusión es de enorme relevancia, pues las decisiones gubernamentales que se tomen al respecto, pueden representar cambios significativos, favorables o desfavorables, para millones de personas que habitan en las regiones forestales. Hasta hoy existen planteamientos y propuestas muy diversas de cómo lograr ese objetivo. Por un lado, una corriente fuertemente posicionada plantea la urgencia de salvar los bosques del “deterioro que le provoca la agricultura campesina y el aprovechamiento maderable del bosque”. Para ello se proyectan medidas orientadas a limitar drásticamente el acceso de la población local a los territorios forestales mediante programas que contemplan un pago a cambio de no utilizar los recursos de los bosques ni intervenir en ellos, bajo la percepción de que sólo así el bosque se podrá conservar.

Este planteamiento se basa en el concepto de pago del “costo de oportunidad” enfocado a pagar al dueño de la tierra un monto equivalente a la utilidad que él supuestamente obtendría al transformar el uso forestal de un territorio determinado. Esta propuesta implica fuertes desventajas y riesgos para los países en desarrollo que cuentan con una población rural que depende directamente del uso de sus territorios. Significaría cancelar la posibilidad de un desarrollo local, desaprovechar el capital natural de nuestros países y orillar a la población local a vivir de una economía de “pago de rentas” para limpiar las emisiones de los países ricos y centros urbanos, sin importar el deterioro de las capacidades productivas locales y las posibilidades de organización y gobernanza. Por otro lado, existen propuestas diferentes que plantean que el mantenimiento de largo plazo de la cubierta forestal y de las existencias de carbono en territorios forestales debe basarse en estrategias de uso sustentable del bosque bajo control y administración de las poblaciones y comunidades locales.

A diferencia del enfoque de no tocar, esta propuesta se basa en que la deforestación y el deterioro de las regiones forestales han sido provocados por el avance de procesos de desarrollo poco responsables de los sectores agrícola, ganadero, turístico, minero y agroenergético. Se basa en que son las comunidades locales quienes mejor realizan un resguardo y protección del recurso forestal; en que un manejo sustentables del bosque mantiene las existencias de carbono y reduce las presiones de agentes deforestadores. La propuesta se orienta a dinamizar la economía local basada en un uso sustentable del bosque para auto-sostenerse y no depender de la economía del subsidio y del pago de rentas.

Las comunidades forestales de México han demostrado que lo anterior no es sólo utopía. Es en terrenos ejidales y comunales donde precisamente se localiza la mayor parte de los bosques y las selvas remantes que permanecen en buenas condiciones de conservación; es donde, además, operan los programas comunitarios de manejo forestal orientados, entre otros objetivos, a mantener en el largo plazo las existencias de madera y por lo tanto de carbono.

La experiencia de las comunidades y ejidos mexicanos que manejan de manera activa sus bosques es muy alentadora, ya que han podido evidenciar que la generación de ingresos provenientes de las actividades productivas comunitarias se convierte en un incentivo económico y social para proteger al bosque de las amenazas que significan los incendios, la tala ilegal y las plagas. Además, este manejo activo ha demostrado su capacidad para impulsar el fortalecimiento de la gobernanza local, la diversificación productiva y la conformación de un freno al cambio de uso de suelo promovido por las políticas de expansión de la ganadería, la agricultura, el turismo y la minería.

El desarrollo del manejo forestal comunitario sustentable en México no se ha dado sólo en casos aislados; se pueden encontrar experiencias en todo el país y como ejemplo menciono la Sierra Norte de Puebla; Huayacocotla, Veracruz; El Salto, Durango; Uruapan, Michoacán; la selva maya, Quintana Roo y Campeche, la Sierra Norte y Sur de Oaxaca, y la Costa Chica de Guerrero, entre muchos otros.

Una vez terminada la COP 16 se espera que se hayan sentado las bases para el desarrollo de una estrategia que realmente frene la deforestación y logre impulsar procesos que permitan a los bosques ser efectivos sumideros de carbono. Tocará a cada país posteriormente desarrollar su propia estrategia nacional. Diversas organizaciones mexicanas pugnan hoy día para que el gobierno mexicano tenga la sensibilidad para avanzar hacia una estrategia basada en el manejo activo de l bosque y se frenen las iniciativas de pago por no tocar, que representarían un grave daño para el desarrollo rural mexicano.

El CCMSS ha emitido un informe completo sobre esta situación que puede ser consultado en el sitio: www.ccmss.org.mx

Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS)