La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó ayer su beneplácito por la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta del Senado que fortalece y amplía las garantías individuales en la Constitución, pues con tal decisión, destacó el organismo, se fortalece y amplía su protección.

Para los mexicanos –indicó– representa un gran logro la modificación de once artículos de la Carta Magna por los cuales, desde su primer capítulo, se reconocen explícitamente a los derechos humanos como inherentes a las personas.

Abre, además, la posibilidad de que los funcionarios que no cumplan con una recomendación puedan ser citados a comparecer en el Senado –en sus recesos, por la Comisión Permanente– o las legislaturas de los estados, según corresponda, para que expliquen el motivo de su negativa.

Al mismo tiempo, la asociación civil Agenda LGBT anunció que enviará misivas a ocho comisiones del Senado, y al presidente de esa cámara, Manlio Fabio Beltrones, para exhortarlos a votar en favor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que incluyen el respeto a la diversidad sexual, y que ya fueron aprobadas por los diputados.

Asimismo, enviará una carta a la propia Comisión de Derechos Humanos del Senado en la cual se solicita abrir un foro para exponer algunos de los casos emblemáticos de discriminación y homofobia que han sufrido miembros de la comunidad no heterosexual en los años recientes y expresar así la trascendencia de aprobar modificaciones constitucionales que salvaguarden los derechos de este sector de la población.

Con la facultad para investigar las presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por parte del gobierno federal, gobernadores, legisladores y alcaldes y aquellas reformas que le dan competencia para atender quejas en materia laboral –lo cual le estuvo negado durante 20 años– la CNDH refrendó su esfuerzo por generar una cultura de mayor compromiso de todos los servidores públicos en el respeto y observancia de los derechos humanos y reafirmó el cumplimiento cabal de su responsabilidad constitucional y moral en defensa de las víctimas.