Todas las corporaciones policiacas privadas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) están sujetas a las investigaciones por el caso de los tres sobrecargos de Aeroméxico que pasaron por los filtros de revisión 140 kilogramos de cocaína, sin ser detenidos aquí, y detectados a su llegada a Madrid.

En las pesquisas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se encuentra no sólo la empresa española Eulen, contratada desde hace varios años por el aeropuerto capitalino para dar el servicio de vigilancia en ambulatorios, salas de última espera y filtros de acceso, sino también las compañías de seguridad Serviteg, CIA y PAPSA.

Estas últimas trabajan para varias aerolíneas, como Continental, American, Delta, US Airways y Aeroméxico. Y con más de 300 elementos son las encargadas de realizar en los túneles de abordaje nuevas revisiones a equipaje y maletas de mano no documentadas, incluidas aquellas que pertenecen a tripulaciones. Este personal también se ubica en zonas de plataforma.

Fuentes del aeropuerto capitalino informaron que ya entregaron a la SIEDO todas las bitácoras, fotografías y videos de los días previo y posterior a que ocurrieran los hechos de los sobrecargos de Aeroméxico. Se están investigando a todos, dijo.

Incluso, reveló que Aeroméxico tomó nuevas medidas para reforzar la vigilancia de las tripulaciones y su equipaje, sobre todo aquellas que tienen vuelos a Estados Unidos y Europa.

La diligencia realizada por agentes de la SIEDO el pasado miércoles a la zona por donde presumiblemente pasaron los sobrecargos de Aeroméxico con su equipaje reportó que todos los aparatos de rayos X del lugar operan sin contratiempos y calibrados correctamente. Es decir, que se puede observar el paso de sustancias u objetos prohibidos.

Y aunque autoridades del aeropuerto explicaron que los elementos de seguridad privada que operan en el aeropuerto son sometidos a diversos exámenes, incluyendo sicológicos, y en algunos casos toxicológicos, para ser avalados por el gobierno federal, hoy todos ellos están sujetos a investigación.