Aguascalientes, Ags., 16 de diciembre. El diputado Roberto Martínez Muñoz, quien se incorporó al Congreso local el 15 de noviembre con el partido Convergencia, anunció su renuncia a éste junto con cinco regidores electos que iniciarán labores el primero de enero, al igual que tres regidores de otros tantos ayuntamientos aún en funciones, y seis presidentes de comités municipales.

Los dimitentes dijeron estar contra el cacicazgo y la imposición del ex dirigente estatal y hoy secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Convergencia, Armando López Campa, a quien acusaron de buscar imponer como líder de ese partido en la entidad a Oswaldo Rodríguez García.

En conferencia de prensa, acompañado por la mayoría de los inconformes y otras personas que sumaban 70 asistentes, Martínez Muñoz informó que se integró a la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal), segunda fuerza en el Legislativo local, con cinco diputados.

Sostuvo que Convergencia se enfrenta a las decisiones unilaterales, antidemócraticas y dictatoriales de quienes dicen ser dueños del partido y de los espacios que éste ha ganado en el estado. El instituto, aseguró, es rehén y botín de unos cuantos.

Según Roberto Martínez, Convergencia perderá con esta escisión unos 20 mil votos en las próximas elecciones, aunque el delegado del CEN en Aguascalientes, Vicente Pérez Almanza, señaló que a lo mucho se perderían unos 6 mil votos.

Buscan aclarar anomalías

El gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre convocó a una reunión urgente al secretario de Gobierno, Miguel Romo Medina; al contralor estatal, Alberto Solís Farías, y al homólogo de éste en la Secretaría de Finanzas, Alejandro Díaz, a fin de indagar hasta las últimas consecuencias quiénes son reponsables de las irregularidades detectadas en diversas dependencias, con el objeto de que sean subsanadas de inmediato o en caso contrario se finquen responsabilidades.

La administración estatal informó en un comunicado que las anomalías se concentran en la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyos encargados de despacho entregaron el análisis correspondiente al gobernador y a la Contraloría General del estado, que tiene la instrucción de hacer todo lo necesario para la salvaguarda del patrimonio público.

Agregó que se realizan revisiones exhaustivas a los institutos de Salud, Educación, Vivienda y a la Secretaría de Obras Públicas.

La actual administración, que entró en funciones el primero de diciembre, llamó a los ex funcionarios implicados a que expliquen las inconsistencias halladas, pues aún es tiempo de que sean subsanadas y esclarecidas ante la autoridad competente y ante los ciudadanos.