Después de cuatro meses de ocurrida la matanza en el rancho San Fernando, Tamaulipas, donde el crimen organizado ejecutó a 72 indocumentados de varios países, el gobierno mexicano sigue sin tomar medidas reales para proteger la vida de quienes cruzan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, y de esa forma sigue siendo culpable de lo ocurrido, por acción u omisión.

Se advierte lo anterior en el informe Un trayecto peligroso por México: violaciones a derechos humanos en contra de los migrantes en tránsito, que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) realizó de manera conjunta con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). En el citado documento, ambas organizaciones presentan una síntesis de las acciones que el gobierno ha tomado –sobre todo las que ha dejado de realizar– respecto a los secuestros y asesinatos masivos de migrantes.

El Estado mexicano es responsable por omisión, porque ha dejado operar a estas bandas delincuenciales, pero también por acción, ya que muchas veces las autoridades están coludidas, subrayó Leopoldo Maldonado, abogado del Prodh, en entrevista con La Jornada.

El gobierno ha tomado medidas coyunturales e ineficaces, con una retórica de supuesta preocupación por los derechos humanos, que únicamente le ha servido para no admitir su responsabilidad en lo ocurrido.