Ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incompleta –desde la muerte de José de Jesús Gudiño Pelayo, en septiembre pasado–, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, rindió su cuarto y último informe de labores, en el que destacó que la sociedad mexicana cuenta con un Poder Judicial de la Federación (PJF) empeñado en su propia mejoría, exigente en la calidad de sus servicios, abierto e incluyente a los grupos e individuos que quieren conocerlo y evaluarlo.

En sesión solemne a la que asistió el presidente Felipe Calderón –acompañado de su esposa, Margarita Zavala–, Ortiz Mayagoitia improvisó en su discurso para agradecer al jefe del Ejecutivo que dentro del procedimiento constitucional para la designación de un nuevo ministro haya considerado a tres magistradas de circuito para integrar la terna que remitió el Senado, la cual, por cierto, fue desechada el pasado martes por los legisladores.

Para la Corte, sostuvo ante el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, es importante preservar un sano equilibrio entre sus componentes de carrera (el propio Ortiz, Juan N. Silva Meza, Luis María Aguilar y Margarita Luna Ramos) y los externos (Ólga Sánchez Cordero, Sergio Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Sergio Valls, Fernando Franco y Arturo Zaldívar), ya que de los 10 ministros actuales sólo cuatro nos forjamos en las filas del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, hizo un reconocimiento al Congreso –también estuvo presente el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Salazar Sáenz–, por la aprobación de las reformas constitucionales para renovar el juicio de amparo, “lo que nos perfila hacia una justicia más moderna e incluyente hacia el siglo XXI.

La independencia y autonomía de los poderes no riñe con la cooperación y el diálogo.

También estuvieron presentes funcionarios del gabinete presidencial, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales.

Ortiz adelantó el beneplácito de la mayoría del pleno por la reforma constitucional en ciernes, que le transfiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigación para casos de violación grave de garantías individuales, reservada para la Corte en el artículo 97 de la Carta Magna.

Al hacer un balance de la actividad jurisdiccional, dijo que 2010 ha sido el año con el mayor número de asuntos y de resoluciones de los pasados cuatro años. Hubo más de 5 mil ingresos y más de 4 mil asuntos resueltos.

Destaca, dijo, que la gran mayoría de los casos tiene que ver con el juicio de amparo, lo que significa que los derechos fundamentales de las personas son el principal motivo de ocupación de los ministros, particularmente en la primera y segunda salas.

Reconoció también el alto índice de asuntos que tiene que ver con las inejecuciones de sentencia, uno de cada cuatro asuntos que revisó la SCJN. Al respecto, aceptó que sólo cuando éstas se cumplen (las sentencias), se hace justicia verdadera y el derecho adquiere eficacia plena.

Señaló que en 2010, la carga de trabajo de todos los asuntos en juzgados y tribunales federales superó el millón de asuntos, con una tendencia a la alza. Anualmente el rezago es de 20 por ciento anual aproximadamente.

Y que en los cuatro años de su presidencia aumentó el número de órganos jurisdiccionales en 20 por ciento, al pasar de 555 en 2007 a 670 en 2010, así como el número de juzgadores que en el mismo periodo pasaron de 915 a un mil 100.

Puso énfasis en que en México el número de juzgadores con respecto a la población es más bajo que en otras naciones, al haber en el país un juzgador federal por cada 100 mil habitantes, y sumando a los jueces locales llegan a 3.85 por cada 100 mil. Mientras que en Costa Rica hay 21.85 por cada 100 mil; Uruguay, 14.06; Colombia, 11.72; El Salvador, 10.54; Brasil 8.2.

Ante las reiteradas críticas por los altos sueldos de los ministros, indicó que en su administración se ajustaron los tabuladores de percepciones al nuevo marco constitucional. Aunque no mencionó que los ministros elegidos antes de dicha reforma (ocho de 10 actuales) seguirán ganando más que el Presidente de la República.