El pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas al artículo 139 del Código Penal Federal con objeto de tipificar y sancionar actos terroristas con condenas de 10 a 50 años de prisión.

Con objeto de investigar las denuncias ciudadanas de actos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) en los que se presume participó el diputado panista César Nava, el pleno aprobó además la integración de una comisión especial pluripartidista que dará seguimiento al caso.

En su momento, los legisladores federales aprobaron el dictamen generado en la Comisión de Justicia para reformar el Código Penal Federal, el cual contiene disposiciones que buscan frenar el aumento de la violencia contra civiles en diversos estados.

A la par de las penas de cárcel, se consideran multas de 2 mil días de salario mínimo contra quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares; material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones; explosivos o armas de fuego; o quien provoque incendios, inundaciones o use cualquier otro medio violento.

Se castigará a quien realice actos contra personas, cosas o servicios públicos que causen alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella; a quien atente contra la seguridad nacional o intimide a la sociedad, así como a quien presione a la autoridad para que tome una determinación.

El texto advierte que uno de los objetivos del terrorista es intimidar a la población; por tanto, se propone sancionar conforme a ese delito a grupos subversivos, organizaciones criminales de narcotraficantes y extorsionadores.

También se sancionará a los autores que difundan sus actividades o ideología como acto terrorista y la realización de hechos violentos que siembren terror entre la población, además de afectar la integridad física y las posesiones de las víctimas.

Por otro lado, con 283 votos en favor se aprobó un paquete de reformas a dicho código para sancionar a precandidatos y candidatos que reciban recursos, bienes o servicios de procedencia ilícita para financiar sus precampañas y campañas electorales.

El priísta Arturo Zamora Jiménez refirió que dichas modificaciones permitirán blindar las campañas electorales de recursos del crimen organizado.

En la reforma hay una sanción hasta de nueve años de prisión a todos aquellos candidatos y precandidatos que reciban dinero de origen ilícito en tiempos electorales y prelectorales.

Agregó en relación con las votaciones: queremos evitar que en los tres órdenes de gobierno haya recursos de procedencia ilícita; lo que pretendemos es evitar que puedan ser una influencia negativa en la toma de decisiones de los representantes populares.

En otro momento de la sesión ordinaria, con 290 votos en favor, el pleno camaral aprobó el nuevo reglamento interno de la Cámara de Diputados, que sustituirá el vigente desde 1934. Se incluyen nuevas normas para la asistencia de los legisladores, el trabajo en comisiones y se ponen plazos para la dictaminación de iniciativas, con lo que se busca erradicar el rezago legislativo.