Diputados de PRI, PRD, PT y Nueva Alianza reprocharon a la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, que la política en la materia del gobierno de Felipe Calderón sea errática, mantenga la dependencia de las trasnacionales, específicamente en exploración y explotación de petróleo, y castigue la economía familiar con los aumentos a electricidad y combustibles.

Los legisladores cuestionaron principalmente el gran riesgo en que se coloca al país con los contratos incentivados y que la extinción de Luz y Fuerza no haya beneficiado, como se argumentó, la economía nacional.

En la comparecencia de Kessel ante la Comisión de Energía para la glosa –cuatro meses después de que lo hicieron otros funcionarios– del cuarto Informe de gobierno de Felipe Calderón, Guillermo Ruiz de Teresa (PRI) criticó que aun cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un subsidio de 91 mil millones de pesos destinado a los usuarios, las tarifas sigan incrementándose.

Aun cuando el argumento para extinguir la compañía fue que al asumir sus operaciones la CFE garantizaría la calidad del servicio y se reducirían las interrupciones del suministro eléctrico, apuntó, siguen los apagones y bajas de voltaje más continuos y por más tiempo; se incrementan las quejas del público por la falta de luz, la tardanza en el arreglo de los desperfectos y el cobro desmedido a familias y empresas.

La diputada Laura Itzel Castillo (PT) sostuvo que el gobierno federal ha privilegiado la generación de energía eléctrica por empresas privadas y ha frenado la producción a cargo de la CFE.

Recordó que en 2000, al comienzo del sexenio de Vicente Fox, las compañías privadas generaban 500 megavatios, y en 2007, 11 mil 500. Esto es, 23 veces más. Ésa es la razón por la que existe un margen de reserva de casi 50 por ciento, muy por encima del 20 por ciento aceptado internacionalmente, expuso.

Explicó que la capacidad instalada de los inversionistas privados es de casi 61 mil megavatios, pero la demanda es de sólo 32 mil. El truco está en que los contratos firmados entre la CFE y las empresas privadas, en nombre de los mexicanos, estipulan que si no se consumen de todas formas se les debe pagar por la capacidad instalada. Por tanto, hay un daño patrimonial de unos 2 mil millones de dólares por la compra de energía que el país no necesita, sostuvo.

La funcionaria se limitó a responder que la extinción de Luz y Fuerza constituyó una de las acciones para mejorar la competitividad eléctrica, e insistió en que el funcionamiento de la empresa no resultaba conveniente para le economía y el interés público.

Desde su extinción, la Comisión Federal de Electricidad ha atendido más de 307 mil nuevas solicitudes y normalizado más de 564 mil servicios, argumentó.

Asimismo, ante las críticas del Revolucionario Institucional por el abandono en que se dejó la construcción de la refinería en Hidalgo, Kessel sostuvo que a pesar del retraso –la barda perimetral debió levantarse este año– el gobierno de Felipe Calderón mantiene la idea de llevar a cabo la obra, así como producir 300 mil barriles diarios de gasolinas y destilados.

El gobierno del presidente Felipe Calderón seguirá impulsando la construcción de la Refinería Bicentenario en el estado de Hidalgo, declaró.