Morelia, Mich., 13 de diciembre. Con el paso de los días va quedando claro a qué se refería el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, cuando la semana pasada dijo: en Michoacán primero actuamos y luego notificamos.

El funcionario federal hablaba, es de suponerse, del enésimo reclamo del gobernador Leonel Godoy por haber sido ignorado a la hora de realizar un operativo que aterrorizó y paralizó a los michoacanos. Pero su fórmula también podría aplicarse a las fuerzas armadas, que sólo se incorporaron a las batallas contra los sicarios de La Familia cuando ya los efectivos de la Policía Federal (PF) estaban a un tris de sufrir aparatosa derrota.

Entre el miércoles 8 y el jueves 9 hubo enfrentamientos en muchos puntos, pero en uno de ellos alrededor de cien efectivos de la PF fueron acorralados y se quedaron sin parque, frente al fuego de unos 400 sicarios. Ya habían sufrido varias bajas cuando entraron al rescate el Ejército y la Armada. Así lo cuenta una fuente que participa de las reuniones del gabinete de seguridad, para enseguida añadir: “al parecer el operativo no tenía un objetivo claro”.

Mientras a largo del día se suceden informes que hablan de balaceras en la cabecera municipal de Apatzingán y reportes confirmados de asaltos simultáneos a sucursales bancarias y tiendas en tres municipios, aquí se recuerda que no es la primera vez que la PF actúa sin avisar. La policía que tiene por máximo jefe al ingeniero mecánico Genaro García Luna tiene una razón que la fuente citada resume así: los azules no confían ni en su madre.

No es la primera vez que la PF se lanza en solitario a realizar operativos ni la única que ha terminado pidiendo ayuda del Ejército o la Marina, e incluso del muy poco confiable gobierno estatal (a juzgar por el trato que recibe la administración del perredista Godoy).

¿Qué operativo?

Aquí dicen que ya no las pueden contar, pero recuerdan las más recientes.

A principios de octubre pasado, en las inmediaciones de El Alcalde –donde pasaba tiempo el capo Nazario Moreno–, hubo varios combates. El Ejército acudió a apoyar a la PF luego de que uno de los policías estrelló un camión de volteo decomisado contra el convoy de sus propios compañeros.

En esa ocasión, la PF solicitó también el respaldo de efectivos estatales. Cuando un mando local dio aviso sobre el envío de agentes michoacanos al comisario de la Policía Federal con sede en Morelia, éste le respondió que no sabía a cuál operativo se refería.

El 5 de noviembre ocurrió algo parecido. Ese día se vivieron escenas semejantes a las de la semana pasada. La aprehensión, según el informe oficial, de dos miembros de La Familia en un restaurante, a 50 kilómetros de aquí, derivó en el cierre de las salidas de Morelia, en la quema de vehículos y ataques a gasolineras, con las balaceras de rigor a lo largo de las carreteras.

Los militares se negaron a acudir en auxilio de los federales que eran perseguidos. Lo hicieron sólo cuando recibieron una orden directa desde la ciudad de México. Fueron entonces a instalar un puesto de mando en el centro de la batalla. Aquí no pueden estar, les dijeron los federales, según una fuente estatal. Las cosas estuvieron a punto de salirse de control, ya los dos bandos estaban poniendo los dedos en los gatillos.

La búsqueda de El más loco

A diferencia de otros capos, que han sido capturados en lujosas zonas residenciales de diversas ciudades del país, los jefes de La Familia viven en sus ranchos y suelen pasearse a sus anchas en la zona serrana, donde tienen hasta ganado para alimentar a su ejército de sicarios.

Nazario Moreno, abatido la semana pasada según el gobierno federal, andaba en Guanajuatillo, donde la población llegó a erigirle un busto que hace tres años destruyeron los soldados. El Chango Méndez jalaba por el rumbo de Temascaltepec, hacia los límites con el estado de México. El profesor Servando Gómez, La Tuta (el apodo obedece, dicen, a que llegó a disfrazarse de mujer para escapar), andaba por los rumbos de Holanda.

Las información de los paraderos de los jefes de La Familia estaba hace tiempo en manos de las autoridades, federales y estatales. Sabían dónde estaban, sí, pero también que cada uno de ellos contaba –o cuenta– con una escolta personal de 400 sicarios. La posibilidad de éxito de una operación de captura –o exterminio– de los capos había sido sopesada una y otra vez. Mientras se tomaba la decisión, se adelantaba: será una carnicería. Eso dice una fuente policial que se comentaba en las reuniones de coordinación.

Si la PF se fue por su cuenta o si la balacera con los sicarios de El más loco fue un hecho fortuito es cosa que no tienen clara ni los militares.

El caso es que, desatado el infierno, no quedó sino atizar el fuego. Cuatro helicópteros del Ejército y dos de la Armada se sumaron a los siete que traía en el aire la PF. De ese tamaño fue la cosa, dice un funcionario policiaco estatal.

Y quizá por la gran envergadura de la operación aquí pocos creen en las cifras oficiales de muertos y heridos. Se cuenta por eso que desde el aeropuerto de Uruapan salieron helicópteros cargados de soldados y policías muertos o heridos.

Mermado, como gusta decir el gobierno, a veces. O dando patadas de ahogado, como también prefieren decir algunos funcionarios federales, el cártel de La Familia no dejó sus bajas en el camino.

Los reporteros michoacanos, que echan mano de testigos en la zona serrana, hablaban desde el sábado del peinado de la sierra en busca del cadáver de Nazario Moreno. Una fuente del gabinete de seguridad dice que no hubo tal, sino una labor de inteligencia. Es decir, vigilancia en los negocios de pompas fúnebres y en las casas de los familiares del capo, así como marcaje personal a los embalsamadores calentanos, porque alguno podría ir allá arriba, a preparar el cuerpo.

Un gobierno incompatible con el crimen organizado

Un proyecto de gobierno de izquierda es incompatible con el florecimiento del crimen organizado, dijo el gobernador Leonel Godoy en un acto con migrantes.

Pero su gobierno parece ir de michoacanazo en michoacanazo, y no sólo por causa de las acciones federales. Durante años ya, el gobernador ha levantado protestas tímidas frente a las acciones federales que pasan por encima de su administración y de la Constitución, pero ni siquiera esa timidez ha asomado en el caso del inminente desafuero de su hermano, el diputado Julio César Godoy, para ser investigado por sus presuntos nexos con La Familia.

Las palabras ofrecen más preguntas que respuestas (¿orien- tar las elecciones?). Preguntas como las que le lanza hoy La Familia, en un comunicado urgente, donde lo acusa de incumplir presuntos pactos.

Dado a ofrecer entrevistas para la televisión, publicar desplegados en los diarios y volantear en los cruceros, el grupo delincuencial manda un comunicado en que anuncia atentados de sus eternos rivales –Los Zetas– contra puntos estratégicos de la entidad y funcionarios de la Universidad Michoacana (¿para orientar la próxima elección de rector?).

En tanto, las marchas por la paz siguen y la presencia de efectivos federales aumenta. A saber por qué, entonces, comandos armados saquean tiendas en pleno día en el centro de la muy vigilada Apatzingán.

Al menos dos periódicos de circulación estatal ven miles de manifestantes por la paz donde todos los demás vieron unos cientos, y sólo carteles de rechazo a la PF donde otros vieron mantas de apoyo a El Chayo. Uno de esos impresos llama al cártel local “el grupo autodenominado La Familia”. Sus rivales reciben otro trato: son “el grupo criminal Los Zetas”.