Con una votación dividida de 55 contra 53 votos, el Senado de la República aprobó ayer en lo general la Ley Federal de Competencia Económica, que da autonomía al órgano responsable de combatir las monopolios y establece sanciones hasta de 10 años de prisión y multas de 10 por ciento del total de las ventas a aquellas empresas que incurran en esas prácticas concentradoras.

La discusión se prolongó por cuatro horas y al final, cuando estaba a punto de terminar la votación en lo particular, el PAN rompió el quórum –la mayoría de sus legisladores no votaron– a fin de impedir que concluyera el proceso y la minuta fuera remitida ayer mismo a la Cámara de Diputados.

Aunque el jueves quedará aprobada esa reforma, conocida como ley antimonopolios, en Xicoténcatl, es poco probable que pueda salir también en San Lázaro, en las restantes tres sesiones del periodo.

Los panistas acordaron romper el quórum después de perder la votación y el debate. La mayoría de los blanquiazules estaban furiosos e incluso algunos propusieron que se castigue a sus tres compañeros que no aceptaron regresar de Cancún, donde participan en el COP 16, entre ellos Alberto Cárdenas, ya que la diferencia fue justo de dos votos.

Reproches y confrontaciones

La bancada de José González Morfín logró que votaran con ellos los cuatro senadores del Verde Ecologista presentes y el de Nueva Alianza y líder del magisterio, Rafael Guzmán Ochoa. Sin embargo, PRI, PRD, PT y Convergencia hicieron frente común y lograron que se aprobara el dictamen que modifica de fondo a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, que se había centrado exclusivamente en la iniciativa del presidente Felipe Calderón.

Ambos bandos se confrontaron. Los panistas, en voz de Santiago Creel Miranda, acusaron a priístas y perredistas de tratar de beneficiar a las empresas monopólicas, de descafeinar lo aprobado en la Cámara de Diputados y de poner en riesgo a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) al convertirla en un organismo descentralizado. No es una autoridad que pueda emitir sanciones y ahí está el primer problema.

Priístas y perredistas advirtieron que el problema de fondo es que los panistas pretenden que ese órgano regulador siga dependiendo del Ejecutivo en turno, para tener el control de las empresas y mayor capacidad para tomar decisiones, sin ser influido por el Ejecutivo. Rechazan por ello, dijeron, que los comisionados de la Cofeco deban ser ratificados por el Senado.

Ante la insistencia de los panistas Rubén Camarillo, Juan Bueno Torio y Jorge Ocejo en que la oposición se ponía del lado de las empresas monopólicas, el perredista Pablo Gómez dijo que el PAN y el gobierno son como la Chimoltrufia: como digo una cosa, digo otra.

Recalcó que como buenos discípulos del PRI, defienden que el organismo antimonopolios, la Comisión Nacional de Competencia, sea una dependencia del Ejecutivo y éste siga nombrando a sus integrantes.

En tribuna, la senadora del PRI Amira Gómez leyó unas declaraciones del entonces candidato panista a la presidencia Felipe Calderón, en las que se manifestó claramente por la autonomía de la CFC y los demás órganos reguladores, porque sus integrantes fueran ratificados por el Congreso. Es decir, todo lo contrario de las propuestas que formuló en su iniciativa.

Ante la afirmación reiterada de los blanquiazules de que en el dictamen se le quitaron dientes a la Cofeco, el presidente de la Comisión de Comercio, el priísta Eloy Cantú, expuso que, por el contrario, se le dio capacidad para imponer sanciones y penas más duras. Detalló que habrá multas de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales de aquellas empresas que cometan acciones monopólicas absolutas.

Asimismo las sanciones se incrementan a través de una nueva base de cálculo que toma en cuenta los ingresos del agente económico. Se podrán así aplicar multas de 175 mil hasta un millón 500 mil veces el salario mínimo, por haber declarado falsamente o entregar información que no es cierta a la CFC, o por no declarar ingresos acumulables para efecto ISR.

En el dictamen se eliminó la figura de suspensión como medida cautelar, ya que el incremento sustancial de las sanciones constituye un incentivo suficiente para no realizar prácticas anticompetitivas de manera deliberada, sostuvo Cantú. Quedaron también fuera las inspecciones intempestivas, a cualquier hora, a las empresas y los juicios no los llevará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sino los del Poder Judicial.

Durante el debate, el senador Pablo Gómez refutó el argumento panista de que Cofeco no podrá imponer sanciones por ser un órgano descentralizado. Sacó a relucir jurisprudencia de la Suprema Corte en la que declara que la UNAM puede imponer sanciones, como autoridad.