El Gobierno del Distrito Federal comenzó un operativo contra 2 mil empresas generadoras de residuos sólidos en alto volumen, a fin de obligarlas a pagar por su manejo. De lo contrario se aplicarán multas, suspensiones o clausuras, pues “tenemos 2 mil 500 toneladas de basura ‘volando’, que se metieron de manera clandestina” al Relleno Sanitario Bordo Poniente, cuando se está en el proceso de cerrarlo, informó el secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz.

A 23 días de acordar con el gobierno federal el cierre, se redujo en 600 toneladas la cantidad de basura enviada a ese depósito, 100 más de las convenidas. Por ello no tendremos necesidad de gastar un solo peso en su manejo para mandarla al estado de México, lo cual sucederá en marzo, y eso nos significará un ahorro en operación de 200 millones de pesos, precisó.

Hoy, destacó, se envía un promedio de 12 mil toneladas debido al establecimiento de mejores controles en los accesos a las distintas plantas de selección de la ciudad, a generar un trabajo distinto con las uniones de pepenadores e incrementar a 800 toneladas de residuos orgánicos separados de la basura normal.

Durante la firma de un convenio con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea-DF) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), destacó que la coordinación de esfuerzos garantizará que los grandes productores de basura, que son, fundamentalmente, gente que gana dinero produciendo basura, cumplan con la ley y paguen la cantidad respectiva de acuerdo con el tipo de residuo generado.

De acuerdo con el Código Fiscal, el pago de derechos por cada kilo que exceda los 50 kilogramos por día será de un peso, cuando se trate de residuos urbanos; de 1.83, si es basura de poda; 2.60 cuando sean de manejo especial, como infectocontagiosos, que requieren tratamiento especial, y 50 centavos cuando sean residuos de la construcción. Anualmente se captan por este concepto 15 millones de pesos, puntualizó.

Así que el Invea, explicó su presidente, Meyer Klip, designará a cinco verificadores para llevar a cabo las visitas de inspección, donde se contará con el transporte de la secretaría equipado con báscula de pesaje, a fin de determinar y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente, que puede ser multa, suspensión o clausura.

La titular de la procuraduría ambiental capitalina, Diana Ponce, destacó que no se ha creado conciencia de lo que significa generar basura en alto volumen, como hacen los centros comerciales o tianguis. Por este motivo aplaudió el esfuerzo de ambas autoridades por regularizar esta materia.