engan sus cuatro exitosos años de calderonato, sus golazos al crimen organizado y su sólida estrategia en contra del narcotráfico!, gritan a coro los diplomáticos estadunidenses que operan en México e informan confidencialmente a su gobierno sobre la realidad mexicana y el verdadero sentir de los funcionarios mexicanos, el cual, dicho sea de paso, dista kilómetros de la idílica versión pública del inquilino de Los Pinos. Apenas 24 horas atrás Felipe Calderón celebraba lo bien que ha hecho las cosas en materia de seguridad y lo efectivo del aparato militar (según él, desde luego) cuando, ¡zas!, Wikileaks suelta la bomba y explota en el centro de la de por sí escasa credibilidad del michoacano.

El inquilino de Los Pinos debe adorar al embajador estadunidense Carlos Pascual y a su equipo diplomático, quienes como parte de su labor han enviado cientos de comunicados confidenciales al Departamento de Estado (ahora públicos gracias a Wikileaks, por medio del periódico español El País) con el fin de documentar el caso mexicano, los resultados concretos en la supuesta guerra en contra del narcotráfico, el alcance del Ejército nacional y la verdadera lectura que sobre el particular hacen algunos funcionarios del gobierno calderonista.

Entre otras afirmaciones, justo al conmemorar su cuarto aniversario como inquilino de Los Pinos, Felipe Calderón aseguró: se ha combatido como nunca al crimen organizado mediante el debilitamiento de sus estructuras financieras y logísticas; se combate con firmeza a todas las organizaciones criminales y se dificulta cada vez más la operación del crimen organizado. Como reiterada y públicamente aseguran los funcionarios directamente involucrados en la guerra contra el crimen organizado, el susodicho repite que por la acción del gobierno los narcotraficantes están perdiendo territorio y la capacidad de hacer lo que quieren.

La realidad es otra, al igual que las versiones en privado, de acuerdo con lo divulgado por Wikileaks y publicado por El País: “México necesita la ayuda de Estados Unidos. Sus altos mandatarios, desde el propio Felipe Calderón hasta funcionarios de la Secretaría de Gobernación o de la PGR aprovechan cualquier reunión con autoridades estadunidenses para insistirles en su petición de ayuda tecnológica y de formación. A veces, hasta de manera angustiosa. Así lo hacen constar en sus informes al Departamento de Estado los diplomáticos estadunidenses que asisten a esos encuentros. Según se recoge en el cable 228419, que detalla una reunión mantenida con altos funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos, el entonces subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez, reconoce: ‘tenemos 18 meses, y si no conseguimos un éxito tangible que sea reconocible por los mexicanos, será difícil aguantar la confrontación en la próxima administración’. Es muy importante tener en cuenta la fecha de esa reunión: 5 de octubre de 2009. Ya han pasado casi 15 meses y la situación de violencia en México, lejos de mejorar, empeora”.

De hecho, el cable de la embajada estadunidense en México subraya que “el subsecretario Gutiérrez llega a dar a entender que el gobierno mexicano ya ha perdido el control sobre ciertas zonas del país, algo que en público jamás ha reconocido ningún miembro del Ejecutivo de Calderón: ‘Gutiérrez fue más allá al decir que, sin embargo, se ha dado cuenta de que ya ni siquiera hay tiempo para afianzar la preparación de las instituciones en los años que restan de la administración de Calderón’… Expresó su verdadera preocupación por la pérdida de ciertas regiones. ‘Está dañando la reputación internacional de México, hiriendo las inversiones extranjeras, y llevando a una sensación de gobierno impotente’. Un discurso tan descarnado, pronunciado en la intimidad de una reunión con colegas estadunidenses, jamás ha sido pronunciado en público por ningún mandatario gubernamental”.

Otros despachos de la legación estadunidense son alarmantes: “en el cable 231890 (28 de octubre de 2009) se refiere que el jefe del Ejército, general Guillermo Galván, plantea el establecimiento de un estado de excepción en algunas zonas del país, invocando el artículo 29 de la Constitución mexicana… La embajada estima que los beneficios son inciertos y los costos políticos altos, y no cree por tanto que la iniciativa del militar prospere, como así sucedió”. En otra comunicación advierte que el vecino del norte desconfía de la capacidad de México para luchar eficazmente contra el narcotráfico debido a la rivalidad entre los cuerpos de seguridad, la generalizada corrupción oficial y la incapacidad manifiesta del Ejército para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva (16 de diciembre de 2009), el procurador Arturo Chávez afirmó que el operativo en Cuernavaca se llevó a cabo gracias a denuncias anónimas. Los Pinos y la Secretaría de Marina lo contradijeron: fue resultado de labores de inteligencia, pero Carlos Pascual se encarga de desmentir a todos. Cita El País: “el informe 240473, escrito por el propio embajador (…) asegura que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la legación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo: ‘los servicios jurídicos de la embajada dicen que la operación de arresto cuyo objetivo era ABL comenzó alrededor de una semana antes de su muerte. El lunes, los servicios de inteligencia de la embajada situaron a Arturo Beltrán Leyva en un edificio en Cuernavaca, donde estaba escondido”. El embajador reúne tres de los argumentos que constituyen una constante en sus despachos hacia Washington: la fiabilidad de la Marina, la torpeza del Ejército y la omnipresencia de Estados Unidos en las cuestiones de seguridad de su vecino del sur.

Y más: el éxito de la Armada, “pone a la Secretaría de la Defensa Nacional en la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel. Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico… Alude al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna: ‘también puede ser considerado un perdedor (...). García Luna ya ha dicho en privado que la operación debería haber sido suya”.

Las rebanadas del pastel

Demoledor, en plena celebración de Wonderland.

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