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Licitación controvertida

Asegura que se notificó a accionistas y a la SEC sobre impugnaciones legales

Revocar concesión equivaldría a una expropiación, alega directivo de Nextel
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Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de NextelFoto Notimex
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De izquierda a derecha, Mony de Swaan, presidente de Cofetel; Tristán Canales, directivo de Grupo Salinas; José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, Karen Sánchez, presidenta de la CIRT, y Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT, en un acto de la cámaraFoto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de diciembre de 2010, p. 30

Revocar el título de concesión otorgado a Nextel como resultado de la licitación 21 equivaldría a una expropiación, consideró el vicepresidente corporativo de la empresa, Gustavo Cantú, al asegurar que NII Holding no ocultó información a la Comisión Bancaria y de Valores (SEC) de Estados Unidos y no vendió acciones de forma irregular.

El ejecutivo aseguró que los accionistas de NII, matriz de Nextel México, y la SEC siempre tuvieron conocimiento de las impugnaciones legales en contra de la licitación 21, lo que consta en diversos reportes de calificadoras y consultoría para las que la licitación 21 fue el evento más comentado sobre México desde la nacionalización de la banca.

Explicó que NII Holding mantuvo informada a la SEC de la evolución del proceso de licitación de espectro en el que su filial mexicana participó, de los litigios que se interpusieron en su contra y de los riesgos que eso conllevaba. La información al mercado fue difundida por la propia empresa y por constantes reportes de corredurías y calificadoras como Wells Fargo o Stifel Nicolaus.

Cantú precisó que sí hubo venta de acciones en mayo pasado, como afirmó Grupo Iusacell, pero con conocimiento de los miles de pequeños accionistas de la empresa que son sus propios empleados, y el resto de poseedores de papeles.

Sobre los persistentes cuestionamientos sobre la legalidad de la licitación 21, así como en contra del uso de títulos de concesión, Gustavo Cantú aseguró que para Nextel México la licitación 21 es un proceso que concluyó con la entrega del título de concesión con el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le autorizó a explotar 30 megahercios (Mhz) para ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles de tercera generación, por tratarse de un concurso concluido no se puede derogar.

Consideró que impedir la explotación del espectro es una falacia jurídica, no existe la posibilidad de revocar el título mediante un exhorto del Congreso, sería una invasión del Poder Legislativo al Ejecutivo y equivaldría a una expropiación que para ejecutarse debería tener como fundamento una causa de interés público. Asimismo rechazó la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señale algún incumplimiento en el proceso de la licitación 21, ya que es el mismo que se ha usado desde 1996”.

Gustavo Cantú acusó a Grupo Iusacell de mentir y tergiversar la información para confundir a la opinión pública, porque NII Holdings es una empresa totalmente pública que cotiza en Nasdaq y que informa de manera permanente al público y sus inversionistas. Nextel es una empresa pública y miles de accionistas que en gran parte son sus empleados en cuya etapa laboral tienen oportunidad de vender. La venta de acciones es un proceso natural, se basa en el desempeño general de la empresa. En mayo el desempeño general de la empresa no tenía ningún altercado.

Grupo Iusacell aseguró que NII Holdings vendió acciones cuando se cotizaban al nivel más alto, a pesar de tener información de que la licitación 21 estaba en riesgo, todo el público estaba enterado, era el tema más comentado desde la expropiación de la banca, las acciones que se vendieron han tenido subidas y bajadas mayores desde esa fecha, y el público inversionista sabía que el concurso iba avanzando.

En un análisis sobre el avance de la licitación 21 la firma de servicios financieros Stifel Nicolaus informó sobre las presiones que los competidores de Nextel ejerce sobre la Cofetel y la SCT y puntualizó que cualquier demora o modificación posterior en los resultados de la subasta no sería bien aceptado para futuras inversiones en telecomunicaciones dentro de México y probablemente causarán un daño irreparable al de por sí ya débil estado competitivo del mercado inalámbrico mexicano.