La atención médica de las enfermedades mentales en México está rezagada por falta de presupuesto y actualización de la normatividad que garantice la prestación de servicios clínicos de calidad y el pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes, admitió Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Sólo 2 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) se destina a este tema, cuando debería ser, por lo menos de 6 a 8 por ciento. Dijo que a esto se deben, en parte, los resultados negativos del informe de Abandonados y desaparecidos. Segregación y abuso de de niños y adultos con discapacidad en México, elaborado por Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y presentado el pasado martes.

Si bien el reporte adolece de una recolección sistemática de datos, encuestas e información cuantitativa, para la Secretaría de Salud (Ssa) es una llamada de atención y se debe tomar seriamente. Indicó que se llevarán a cabo los ajustes que sean necesarios para avanzar.

En entrevista, Hernández Ávila también destacó que las carencias mencionadas en el informe no son generalizadas, pues existen experiencias de éxito en Zacatecas, Jalisco, Distrito Federal, Chihuahua y algunas otras entidades.

Es cierto, admitió, que la estrategia nacional que tiene su base en el Modelo Hidalgo de atención de enfermedades mentales no ha terminado de despegar ni forma parte de una política nacional, lo cual también se debe a la desatención de los gobiernos de los estados, los que por la descentralización administrativa que rige al sector, son responsables de la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, también es cierto que el dinero no llega por inercia, se tiene que buscar con proyectos de programas y justificaciones amplias, dijo el subsecretario, y con ello responsabilizó del rezago a Virginia González Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental.

El subsecretario resaltó que aunque cada año los diputados autorizan presupuestos crecientes para la salud, también es cierto que una buena parte de los recursos llegan por el trabajo y activismo de los directores de las diferentes áreas de la Ssa, como Patricia Uribe, titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

También puso como ejemplo a los directores de los Centros de Vigilancia Epidemiológica y de Prevención de Accidentes, que también han logrado visibilizar las problemáticas en sus áreas y mayor financiamiento.

No ha sido así en salud mental, donde está González Torres, reconocida por su activismo en la lucha por la defensa de los derechos humanos de los enfermos mentales. Ella encabezó el diseño del Modelo Hidalgo de atención de los trastornos del sistema nervioso central, entre cuyos objetivos principales está terminar con el sistema asilar y lograr la reinserción de los pacientes a la sociedad y a una actividad productiva, a través de villas o casas de medio camino.

Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, negó que se pretenda vulnerar los derechos de los pacientes con enfermedades mentalesFoto Marco Peláez

El modelo es bueno y atiende las recomendaciones que en este aspecto ha hecho la Organización Mundial de la Salud, comentó el subsecretario. Sin embargo, a 10 años de haberse dado a conocer, no existe un manual de operación o los mecanismos para ponerlo en marcha y, por lo tanto, tampoco se cuenta con la evidencia de sus beneficios, ni se pueden evaluar.

Aún así, dijo, el Modelo Hidalgo se mantiene como la parte fundamental del programa en la materia de la Ssa. Hernández Ávila también se refirió a los señalamientos que hizo González Torres sobre la actualización de norma oficial mexicana 025, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral médico siquiátrico integral (La Jornada, 01/12/2010) y rechazó que exista la intención de retroceso; por el contrario, afirmó, lo que se busca es garantizar el respeto de los derechos humanos de los enfermos.

Tampoco es cierto que se pretenda mantener el sistema asilar y de aislamiento. El proyecto indica el mecanismo a seguir cuando se requiera la hospitalización temporal de alguna persona y las condiciones que deberán cumplirse para su internamiento involuntario por razón de alguna crisis de su padecimiento.

No existe en el documento –actualmente en análisis en el Comité de Normalización– la propuesta de cambiar el término enfermo por el de discapacitado y mucho menos de abandono en las instituciones siquiátricas o prácticas de restricción física de los afectados.

Al contrario, de acuerdo con el documento –una copia del cual proporcionó Hernández Ávila a La Jornada– plantea: El uso inadecuado de la sujeción física puede ocasionar daños físicos y sicológicos, de modo que viola los derechos humanos de los usuarios y puede incluso contravenir el tratamiento del paciente, por lo que se le debe usar de forma restrictiva.

También señala las formas, casos puntuales y tiempos (por no más de 30 minutos) en que se podrá hacer uso de la sujeción física. Hernández Ávila afirmó que la nueva NOM tendrá carácter obligatorio para todos los servicios públicos del país, por lo que su aplicación se traducirá, necesariamente, en beneficios para los enfermos donde quiera que se encuentren.