a intención de dar permanencia en la reunión de Cancún al Acuerdo de Copenhague (AC), se orienta a satisfacer no la agenda humana de cara a los inminentes riesgos que enfrenta la biota global por el calentamiento atmosférico, sino la de los grandes intereses económico/financieros cuya desregulación está en la base de la gran crisis que estalló en Wall Street en 2007 y en el desastre generalizado en el Golfo de México por la explosión, en abril pasado, del yacimiento Macondo de la British Petroleum (BP): la primera catástrofe ecológica global en los tiempos del peak oil.

La agenda de COP-16 es la de bancos, firmas tipo Goldman Sachs, Morgan Stanley y de las mega-empresas del gas, petróleo y carbón. Es un diseño apuntalado con préstamos al gobierno de Calderón por el Banco Mundial (BM) y el BID –entes subrogados al Tesoro y la Casa Blanca– para dar fuerza operativa a novedosos instrumentos financieros establecidos en Kyoto y asumidos en el AC: el mercado de bonos de carbono (MBC) y el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación ambiental (REDD). Ambos fungen bajo el supuesto, hecho trizas por los mencionados colapsos en Wall Street y el Golfo, de que los mercados (léase clase empresarial) bajo la mano invisible, son los que asignan los recursos con eficiencia.

Son lineamientos que favorecen la noción de que las operaciones de especuladores y de mega-empresas vinculadas al patrón energético vigente, centrado en los combustibles fósiles y el motor de combustión interna, operen bajo una orientación cada vez más desregulada del Estado: la inconstitucional activación por Calderón de los contratos incentivados en Pemex, habla por sí misma. No es la humanidad en abstracto, sino los Estados metropolitanos y sus oligopolios del petróleo, gas, carbón, electricidad y de la automotriz, junto a entes financieros, empresas forestales, agrobusiness y gobiernos pelele en la periferia, organizados bajo el principio de privatizar ganancias y socializar costos, los que expulsan a la atmósfera miles de millones de toneladas de gases con efecto invernadero (GEI), entre los que resalta el decisivo dióxido de carbono (CO2).

Ya Larry Lohman, Mark Schapiro y, desde estas páginas, Alejandro Nadal, han demostrado que el MBC obstaculiza los esfuerzos por la reducción de emisiones de GEI (La Jornada, 9/11/2009; 18/11/2010). Con la incorporación formal de EU al mismo se acrecientan oportunidades para, como muestra Schapiro (Harper’s feb/2010), especular con el clima, al pasar de los 300 mmdd a los 3 billones de dólares.

Como los mercados desregulados bajo la avidez de ganancias invariablemente colapsan, se acentúan especulación y temeridad: junto al MBC se promueve REDD bajo el cual, como dice Ana de Ita en un estudio sobre sus impactos en territorios de campesinos e indígenas de México y el mundo, los paises ricos pagan para mantener selvas tropicales, ¡explotando hasta 90 por ciento del área negociada! y seguir contaminando en su país: por más ciencia ficción que parezca, a partir de contratos de compra-venta los países ricos están comprando a los del sur la capacidad de sus bosques de capturar carbono.

REDD permite que empresas contaminadoras, algunas causantes de mega-desastres como BP, Chevron-Texaco, Shell y las automotrices, compren créditos de carbono proveniente de la supuesta conservación de bosques, instaurando un nuevo modus operandi para el land grabbing en áreas protegidas y sobre derechos de propiedad individual o comunal, con intento de despojo a cientos de millones de campesinos e indígenas.

COP 16 es garantía de colapso, como plantea el término Richard Leaky en la La sexta extinción (Tusquets,1998), al promover esquemas que, en medio del agravamiento climático, inducen la mercantilización-privatización del mundo, de la atmósfera y la selva tropical, principal fuente de biodiversidad y crucial en la captura de GEI: el MBC y REDD colocan el manejo del termostato que controla la temperatura terrestre (CO2) en manos de especuladores primermundistas y mercachifles tercermundistas.

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