n Oaxaca, la alternancia de siglas parece encaminarse a una reconstitución del tejido institucional a partir de reacomodos de la clase política ya conocida, con ciertas ofertas de avances democráticos y de mayor preocupación por lo social. Gabino Cué ni siquiera fue altisonante en su discurso de toma de posesión, y prefirió quedarse en el terreno de los señalamientos justicieros genéricos, sin atreverse a ser tajante respecto a su innombrado antecesor que se dice presto para emprender defensa política si le pretenden enderezar acusaciones judiciales. Si se revisa la redacción de las partes discursivas que darían pie a esperanzas de verdaderos ímpetus justicieros en Oaxaca respecto a Ulises Ruiz, se notará que son frases de ocasión, más retóricas que puntuales, diseñadas para no establecer compromisos precisos.

La composición del equipo de trabajo tampoco genera entusiasmo, basado sobre todo en el grupo del ex gobernador Diódoro Carrasco y en el PAN. La primera figura del gabinismo en aparecer fue su vocera, la ex panista María de los Ángeles Abad, quien fue divisoria candidata a gobernadora por el estatal Partido Unidad Popular (PUP), creado y dirigido por el líder Heriberto Pazos, asesinado semanas atrás. Abad ha sido acusada de favorecer a familiares cuando ha estado al frente de un programa federal y su designación parecería una augural confirmación del estilo clásico que durante décadas ha llevado a entregar cargos y recursos a grupos de presión en Oaxaca como fórmula de transitorios apaciguamientos.

Otra contendiente formal de Cué, Irma Piñeyro, fue nombrada secretaria de Gobierno. La nueva funcionaria fue postulada por el Panal pero a última hora declinó en favor de Gabino, aunque el partido de la profesora Gordillo sostuvo la candidatura de cualquier forma. Piñeyro había hecho una larga carrera en el PRI y ocupó cargos durante el periodo de José Murat. Pero el segundo puesto en importancia, no en términos de organigrama sino de influencia y poder reales, le fue entregado a Benjamín Robles Montoya, jefe de la recién creada Oficina de la Gubernatura, desde donde intentará mantener el mismo control cerrado sobre Cué que ya ejerció durante la campaña. Robles Montoya está apuntado para ser una especie de vicegobernador ejecutivo, especialista en intrigas y exclusiones. Mientras Cué trata de erigirse como figura nacional, con la vista puesta en Los Pinos 2018, Robles Montoya se encargará de la obra negra local.

En Veracruz, el rasgo más notable de la formación del gabinete de Javier Duarte fue la incorporación de Gerardo Buganza, el maleable empresario que se dijo defraudado electoralmente por Fidel Herrera en 2004 (la diferencia de votos fue de poco más de un punto porcentual) y en 2010 acabó renunciando al partido blanquiazul para servir a la causa fidelista de continuidad al apoyar a Duarte, el delfín del maniobrero Herrera. Ahora, Buganza es secretario de Gobierno, en un proceso de reacomodos que tuvo resonancia nacional ayer al asistir la profesora Elba Esther Gordillo como invitada a la transmisión de poder, en un acercamiento calculado con el priísmo –con cuyos principales dirigentes nacionales compartió sillería– que es un adelanto de la acordada reconciliación para 2012 que han establecido Enrique Peña Nieto y Humberto Moreira; salió del PRI en choque con Roberto Madrazo y ahora regresa a hacer política con el priísmo, pero no como militante en proceso de readmisión sino como dueña de un partido que da cuerpo a sus magisteriales escuadrones electorales afamados y consigue porciones propias de poder en las nuevas y verdaderas alianzas, esta vez con el salinismo-peñanietista.

Dejando a un lado Aguascalientes, donde también hubo ayer cambio de gobernador y de partido en el poder, pues los pleitos internos de los panistas abrieron el camino al retorno del PRI, los movimientos y designaciones sucedidos ayer en Oaxaca y Veracruz demuestran que los revoloteos aliancísticos solamente generan movilidad interna de las clases políticas tradicionales, sin visos de atención real a los grandes problemas acumulados de esas sociedades. En Oaxaca, el ensayo de concurrencias partidistas logró su meta electoral, pero no necesariamente la de conseguir cambios profundos y mejoría real para las mayorías. Todo parece encaminado a quedar en las alforjas de los grupos desplazados por el ulisismo, más allá de las esperanzas albergadas por votantes populares. En Veracruz, los entendimientos del fidelismo con un segmento disidente del PAN, el encabezado por Buganza, solamente sirven para garantizar continuidad a la clase política tradicional y, en otro contexto, para dar escenografía a los nuevos pactos en curso, esta vez con la taimada profesora que fue jefa del fallido candidato panista, Miguel Ángel Yunes, y del nuevo secretario de Finanzas, el rehabilitado Tomás Ruiz.

Otro secretario de Finanzas rehabilitado, por cierto, es el recién designado por Gabino Cué, quien fue inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos federales al ser encontrado responsable de que en 2000, cuando era funcionario de Gobernación, junto con otros 18 servidores públicos hubiera causado daño patrimonial al erario por más de cinco millones de dólares, por haber suscrito indebidamente diversos contratos adjudicados de manera directa, sin que ello estuviera debidamente fundado y motivado y por omitir el establecimiento de la entrega de garantías y las penas convencionales por incumplimiento, aplicables al proveedor. No deja de ser irónico que esas sanciones provinieran, entre otras cosas, de la compra de 12 aeronaves para la Policía Federal Preventiva, entonces a cargo de Wilfrido Robledo, corporación que ganaría negra fama entre oaxaqueños en 2006, y que el nuevo encargado de los dineros oaxaqueños sustituya así, entre signos adversos, cuando más pulcritud se necesita, al ulisista Ortega Habib, cuyos familiares han sido pillados recientemente con súbitas e inexplicadas fortunas. ¡Hasta mañana!

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