Organismos civiles internacionales como Amnistía Internacional, Front Line y el movimiento Pax Christi, así como la red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), expresaron su condena y preocupación ante las agresiones y amenazas de muerte en Chiapas contra la defensora Margarita Guadalupe Martínez Martínez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Por su parte, la Red Contra la Represión y por la Solidaridad, formada por colectivos de la otra campaña, señaló: Mientras con grandes desplegados el gobierno de Chiapas dice reconocer el trabajo de las comunidades zapatistas y ayudar a la estabilidad de la zona; mientras el gobierno federal presume de defensor de la naturaleza con cumbres que dan la apariencia ante el mundo de un gobierno preocupado por el bienestar de la población nacional y mundial, en San Cristóbal de las Casas Margarita Guadalupe Martínez y los integrantes del CDHFBC son amenazados de muerte por su congruencia y su incansable labor por la defensa de los derechos humanos.

Y abundó: Allí está la forma en que los gobiernos federal y estatal de Chiapas celebran el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución (cuando llenan sus bocas de vivas a Hidalgo, Morelos y Zapata): amenazando a defensores de derechos humanos. Los mismos asesinos y persecutores de Hidalgo, Morelos y Zapata, ahora, con otras ropas, son los mismos que amenazan de muerte a tantos luchadores sociales, a tantos defensores de derechos humanos como Martínez Martínez y el CDHFBC.

A su vez, en un llamado urgente, Amnistía Internacional convoca a organismos e individuos de todo el mundo a enviar cartas y correos de protesta al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, al gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, y su procurador general Raziel López Salazar, exigiendo el cese de estas agresiones y las garantías de protección necesarias para los afectados, quienes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, la Central General de Trabajadores (CGT) del Estado Español recapitula que el 24 de noviembre tuvo lugar en San Cristóbal de las Casas un episodio más en la escalada de intimidaciones y hostigamientos contra Martínez Martínez y su familia, iniciadas hace un año, y que las amenazas hicieron mención explícita a Diego Cadenas (director del CDHFBC).

La CGT, habitualmente atenta a lo que ocurre en las comunidades de Chiapas, señala que tales amenazas conllevan la supuesta potestad de interponer cargos jurídicos en su contra y que, advirtiendo que se hacen referencias al conflicto de Mitzitón (con involucramiento de paramilitares del Ejército de Dios), se podría presumir una conexión entre los hostigadores y la defensa de intereses que desde el gobierno estatal se privilegian. La central sostiene que se manifiesta el doble juego del gobierno chiapaneco, que mantiene un discurso integrador sobre los derechos humanos e indígenas, incluso sobre las comunidades zapatistas, y al mismo tiempo, en beneficio de sus propios intereses como clase política, juega sucio en el terreno de la contrainsurgencia y los derechos humanos.