El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, presentó ante la Cámara de Diputados, el pasado 25 de noviembre, una petición de juicio político contra el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al que acusó de graves violaciones en sus funciones de servidor público.

La organización planteó que aun cuando el secretario del Traajo afirma que no le preocupa esta acusación, ahora deberá acreditar su inocencia ante hechos que directamente lo involucran y serán materia de ampliaciones de esta denuncia, que consta de más de 228 páginas.

Según el sindicato, en el viaje a Estados Unidos y Canadá de mayo de 2010, Lozano Alarcón ofreció a sindicatos internacionales como United Steel Workers, USW, y la Federación Americana del Trabajo y AFL-CIO, liberar a Juan Linares, presidente del consejo general de vigilancia y justicia, y descongelar los fondos sindicales, a cambio de que el sindicato minero renunciara al derecho a la huelga y entregara la mina de Cananea a Grupo México, con lo que violó sus funciones y responsabilidades como titular de una dependencia pública federal; es decir, actuó como fiscal, juez y verdugo en este caso, extorsión que no le fue aceptada.

En un comunicado, el sindicato enlista una serie de acciones que a su parecer cometió Lozano Alarcón, entre éstas persecución ilegal de la dirigencia de este sindicato minero, y planeación de acciones tendientes a mantener congeladas las cuentas bancarias del gremio y privilegiar los intereses de Grupo México y de otras empresas, en perjuicio de los derechos de los trabajadores de este sindicato.

Asegura que Lozano Alarcón ha intervenido en acciones tendientes a que el citado consorcio sustituya al sindicato minero por uno blanco; ha participado directamente en acciones para negar la toma de nota a su dirigencia, con lo que ha violado la autonomía y la libertad sindical. Además de que ha tomado partido abiertamente para intentar destruir al sindicato.

También acusa al funcionario de auspiciar la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo en Cananea, Sonora, y en Taxco, Guerrero, con base en causales no previstas en la ley, y ha permitido, e incluso ha impulsado que se reactive la explotación de la mina de Cananea, con la contratación de trabajadores no sindicalizados y esquiroles. Añaden que Lozano Alarcón ha propiciado el uso de la fuerza pública contra los trabajadores mineros en múltiples ocasiones.