n medio de la desmemoria del gobierno federal hay que revalorar la gesta juarista. La trascendencia de la Ley de Libertad de Cultos, promulgada hace 150 años (4 de diciembre de 1860), no depende del reconocimiento que pudiera darle una administración como la actual, que más bien busca invisibilizar los alcances de la gesta juarista contra la cerrazón mental y política.

Los adversarios ideológicos de Benito Juárez, y la valiente generación de liberales que lo respaldaron en una lid descolonizadora, son minimizados por el conservadurismo más rancio. Los malquerientes del Estado laico (Carlos Monsiváis dixit) no acaban de digerir la norma libertaria que rompió la espina dorsal de un régimen uncido a los deseos clericales católicos.

La Ley de Libertad de Cultos no creó, hay que decirlo, la diversificación religiosa en el siglo XIX mexicano. Esa normatividad tiene una doble vertiente. Por un lado otorgó una vía legal para el reconocimiento de grupos que desde finales de la década de los años veinte decimonónicos fueron alejándose de la Iglesia católica, conformando el incipiente protestantismo mexicano. Dio visibilidad a una corriente subterránea, que se fue fortaleciendo hasta surgir como una opción religiosa válida para algún sector de la ciudadanía.

Por otra parte, si como dijimos antes, el instrumento legal juarista no llegó a un terreno infértil para la pluralización religiosa, sí representó una garantía libertaria para quienes ya estaban ejerciendo discretamente un credo distinto al católico. También facilitó la práctica de la religiosidad disidente y abrió cauces para definir la identidad nacional de manera distinta a la del predominio político y cultural del catolicismo declarado por la Constitución de 1824 como religión oficial inamovible de la nación mexicana.

Los opositores históricos a la lucha emprendida por Juárez revelaron su talante antidemocrático en un gesto simbólico que quiso ser anecdótico. Cuando Vicente Fox retiró de Los Pinos un cuadro con la figura del Benemérito de las Américas se quiso cobrar una factura a quien el catolicismo integrista ha visto como el demonio que introdujo la perversidad de elección confesional. Fox sacó a Juárez de la residencia presidencial, pero no pudo erradicar la laicidad bien asentada en la mayoría de los ciudadanos.

En los 10 años que llevamos de panismo en la Presidencia de la República, ésta se ha prestado gustosamente a los intentos restauracionistas de la cúpula clerical, que sigue considerando tarea del Estado coadyuvar en la implementación de la ética católica al conjunto de la sociedad. Pero una y otra vez esos intentos han topado con un sedimento histórico presente en las conciencias de la mayoría de connacionales. Se trata de lo que Monsiváis llamaba herencias ocultas; la cotidianidad valorativa que tiene tras de sí un conjunto de convicciones conformadas al gusto de cada quien y no la imposición que anula la libertad de elección.

Por otra parte, en la antípoda ideológica al conservadurismo antijuarista, se encuentra una izquierda que reconoce la centralidad en la construcción del país de la Ley de Libertad de Cultos, así como el conjunto de las otras leyes de Reforma. Sin embargo, a la hora de poner en práctica esa libertad por parte de grupos pertenecientes a los pueblos originarios de México, se les sigue acusando de menoscabar la integridad de las culturas indígenas.

Persiste con mucho vigor una izquierda persignada que ve peligros y complots externos donde solamente hay decisiones endógenas por elegir una nueva identidad religiosa. Porque los porcentajes alcanzados por el cristianismo no católico entre los pueblos indígenas es mayor a la media nacional. Y esto es así por decisión propia de quienes han optado por nuevas creencias y sus consecuentes prácticas. Esa izquierda duda de la mexicanidad de quienes optan por una religiosidad distinta de la tradicional. En su miopía es incapaz de ver que es en el seno de los propios pueblos indios donde se gesta la diversificación, y no en conspiradores llegados desde afuera.

Un acto jurídico, la promulgación de la Ley de Libertad de Cultos, trajo transformaciones culturales indeseadas por los partidarios del hermetismo conservador a ultranza. A regañadientes, los enemigos de lo que significa Juárez en la construcción de un nuevo perfil nacional han tenido que comprobar por sí mismos que la generalidad de la población no les acompaña en sus deseos retrógrados. Porque tal vez sin saberlo del todo, un muy alto porcentaje de los mexicanos y las mexicanas es juarista. No quiere que iglesia alguna dicte normas generales de conducta ni a los gobiernos privilegiando a una confesión religiosa en particular.

La mezquindad, convenientemente olvidadiza, quiso expulsar del calendario del Bicentenario la gesta intermedia entre el inicio del movimiento de Independencia y los comienzos de la Revolución. Los 150 años de la Ley de Libertad de Cultos están con letra chiquita en el calendario oficial, si es que están. Pero permanecen con caracteres mayúsculos en la descolonización del país.