Las lagunas jurídicas derivadas de una reforma electoral inconclusa han provocado que quejas interpuestas ante el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre conductas presuntamente ilegales queden virtualmente impunes cuando son turnadas a otras autoridades federales o locales. De poco más de 40 casos que originalmente fueron analizados por el organismo electoral y de las cuales se dio vista a otras instancias, solamente una ha tenido consecuencia legal impuesta por una autoridad local.

De acuerdo con un informe de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, se desprende que las vistas a congresos locales, institutos electorales estatales o autoridades federales cuando el IFE no es competente –sea por determinación propia o por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– prácticamente han sido inútiles, lo que abona a favor de la impunidad de dichas conductas.

Entrevistado sobre el tema, el presidente de la citada comisión, Marco Antonio Baños, reconoció que derivado de una reforma que no ha avanzado en la legislación secundaria del artículo 134 constitucional –para regular el comportamiento de funcionarios públicos y el uso de recursos públicos en la publicidad gubernamental– ha derivado en procedimientos inconclusos donde no se sanciona a funcionarios que presuntamente incurren en irregularidades.

–¿Esto favorece la impunidad?

–Son procedimientos inconclusos –agregó Baños.

Para el consejero Alfredo Figueroa, si bien gran parte de esta indefinición –que ha provocado que muchos recursos interpuestos no tengan un desenlace que pueda inhibir conductas futuras–, obedece a las insuficiencias legales, otro factor que ha abonado en ese sentido es el criterio que ha impuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha reducido el margen del IFE.

Citó el caso de un informe del gobierno de Hidalgo que fue difundido por televisión a escala nacional, en el cual el TEPJF acotó la actuación del IFE ante una queja del PRD y ordenó que se turnara a las autoridades locales para investigar si se había violado la ley fuera de ese estado. 

Figueroa dijo estar en desacuerdo con ese criterio que anula cualquier posibilidad de sanción, porque evidentemente las autoridades de Hidalgo no tienen competencia más allá de su entidad y el TEPJF anuló cualquier competencia del IFE.

El informe afirma que ninguna de las inconformidades que se han interpuesto contra gobernadores, senadores, diputados federales o locales ha tenido consecuencia alguna.