Ejercer el derecho de acceso a la información en México se ha convertido en un vía crucis. Pese a que la Constitución señala que debe prevalecer la máxima transparencia, el gobierno federal infringe sistemáticamente la ley, no sólo porque entrega a cuentagotas, de forma sesgada o en grandes cantidades datos inocuos sobre el quehacer gubernamental, sino también porque con litigios ante tribunales administrativos sin atribución legal, impide la apertura.

Las dependencias incluso recurren a gran cantidad de artificios que en la práctica sabotean el derecho a saber, como amplir al máximo los plazos legales para al final reservar los documentos, declarar inexistencia de información cuando el ciudadano desconoce el nombre exacto del documento oficial o hasta la clave presupuestal con que se asignan los recursos, apertura de documentos cuando se agotaron plazos legales para fincar responsabilidades.

A causa de ello, asociaciones civiles especializadas en el tema, como Fundar y Artículo 19, han advertido que la opacidad en la gestión de Felipe Calderón se ha impuesto sobre el interés colectivo, sobre todo en temas estratégicos que causan escozor al gobierno federal.

Gastos multimillonarios

Algunos ejemplos: el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la entrega de contratos en materia energética a trasnacionales y grupos privados, gastos multimillonarios en la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, altas erogaciones en publicidad para promover el gobierno actual, así como los procesos de licitación 20 y 21 de las bandas de frecuencia de espectros radioeléctricos.

Casos extremos son los juicios en tribunales promovidos por la Procuraduría General de la República, que desde 2007 se niega a entregar indagatorias ya concluidas, así como el Servicio de Administración Tributaria que condonó millonarias sumas en créditos fiscales en favor de particulares, entre ellos de tres empresarios que alegaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos violaciones a sus garantías, asunto que ahora el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) impugna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo ilustra un seguimiento de La Jornada en torno a peticiones ciudadanas y de este diario respecto a la extinción de LFC, ante la negativa de las dependencias involucradas a responderlas, llevó a interponer decenas de recursos ante el Ifai desde hace un año contra las secretarías de Hacienda, Energía, Función Pública (SFP) y del Trabajo, así como del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que, según el decreto de extinción de LFC, tienen competencia en el proceso efectuado en octubre pasado. Pese a ello, unas y otras declaraban incompetencia y remitían a otra dependencia.

Así lo hizo la SFP; dijo que Presidencia tenía la información, y ésta declaró inexistencia, pero remitió a Energía, y ésta al SAE (que depende de la SFP), y así sucesivamente.

Por ejemplo, en el recurso 244/10 del Ifai, la SFP declaró imposibilidad material para acceder a los archivos de LFC y remitió a Presidencia; ésta declaró inexistencia y envió a Energía y al SAE.

Sobre lo gastado por el Ejecutivo en los medios de comunicación para justificar la extinción de LFC, remitió a Energía, la cual a su vez declaró inexistencia y remitió al SAE. Ese organismo descentralizado de la SFP finalmente respondió de manera parcial a una solicitud de este diario en septiembre, luego de pedir ampliación del plazo.

De lo erogado en los actos conmemorativos del bicentenario y el centenario, dependencias como Turissste, SFP, Conaculta y otras han declarado desde reserva por asuntos de seguridad hasta incompetencia o inexistencia. Así, la SFP, responsable de vigilar la aplicación correcta del fideicomiso respectivo, primero se declaró incompetente (recurso 2720/10). Luego, ante el Ifai, admitió que fue inexacta su respuesta. Hasta ahora no ha especificado cómo, en qué y quiénes han gastado los recursos, ni el monto exacto. En su portal de obligaciones de transparencia sólo señala de manera genérica que se han erogado 2 mil 971 millones 600 mil pesos.

Aunado a ello, los plazos para obtener la información pueden prolongarse de 20 a 40 días hábiles, si no hay periodo vacacional.