La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investiga la presunta utilización ilegal del nombre de Archiveros Sin Fronteras y la validez del convenio firmado por Ramón Aguilera y Jorge Nacif con el Archivo General de la Nación (AGN), que implicaría la reorganización ilegal de documentos de la extinta Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), relacionados con la llamada guerra sucia de los años 70 y 80 en México, informó María Teresa Dorantes, representante de Archiveros Sin Fronteras Sección México.

Luego de que el Ministerio Público giró una orden de localización y presentación en contra de los directivos de la Escuela Mexicana de Archivos, éstos comparecieron ante las autoridades capitalinas que investigan el usufructo ilícito del nombre de una asociación, con el cual signaron el convenio referido con el AGN, pero lo que es peor, luego de haber recibido la información solicitada a la cancillería mexicana y al propio archivo se ha establecido que se mintió sobre el objeto del convenio signado a principios de este año, dijo María Teresa Dorantes Cacique.

Durante la firma del convenio suscrito en enero pasado, en su discurso ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y del AGN, Ramón Aguilera señaló: “La red internacional de Archiveros sin Fronteras nació en España en el año de 1998 con el fin de apoyar la labor archivística en aquellos países con pocos recursos. A lo largo de su vida, Archiveros sin Fronteras ha evolucionado y hoy en día es una red que integra representaciones de varios países con personalidad jurídica autónoma coordinada por un consejo internacional.

Imagen del halconazo de 1971, en las inmediaciones de la Escuela Nacional de MaestrosFoto Archivo de Paco Ignacio Taibo II /La Jornada

Conjuntamos dos objetivos en el primer proyecto que iniciamos en el marco de este convenio. El primero es reorganizar la sección documental relativa a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales del fondo Gobernación. Ya desde 1997, cuando se instituyó la comisión especial del caso del 68 en la sesión plenaria de la 57 Legislatura de la Cámara de Diputados, se hicieron las primeras incursiones en este acervo. El programa de fotocopiado y digitalización realizado por la comisión causó la primera desorganización de las series documentales. Con el tiempo se siguieron haciendo incursiones para subsiguientes investigaciones que abonaron la desorganización de los documentos. Percibimos que todas estas acciones han desordenado la sección. Por eso el trabajo nos llevará a revisar la historia de la dirección para reconstruir hasta donde sea posible las 50 series documentales reportadas por su cuadro de clasificación original.

Sin embargo, dijo Dorantes, ninguna cláusula del convenido signado por él establece que trabajarán con esos fondos documentales y ello ha quedado demostrado ante las autoridades locales, y existe la posibilidad de que el caso sea turnado a la PGR, ya que están en riesgo archivos de carácter nacional.