El programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) –uno de los que el gobierno mexicano apuesta a que tendrá resultados en las negociaciones de la 16 Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP16)– debe garantizar la soberanía de las comunidades forestales y no convertirse en un mecanismo de mercado, señalan organizaciones que advierten del riesgo de que sean responsabilizadas del calentamiento global.

Los bosques no estaban dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), establecido con el Protocolo de Kyoto, el cual se basa en el mercado de bonos de carbono, porque se consideró que era difícil medirlos en cuanto a sus emisiones, pero en Cancún se pretende meterlos en ese mercado y hacer un gran negocio con ellos, indicó Silvia Ribeiro, del Grupo ETC.

Explicó que los proyectos REDD ya existían, sólo que ahora se les agregó el plus, con lo que entrarían al MDL con un manejo sustentable, a lo que también se le llama intensificación de la capacidad de captar carbono. A las comunidades que viven en los bosques les dicen que son tan buenas para cuidarlos que les van a pagar. Hay casos en México, como el programa de servicios ambientales, en Oaxaca, donde sus habitantes ya no pueden manejar el bosque, pierden la soberanía de él.

Indicó que el REDD será un área estratégica internacional; ahora se responsabilizará a los campesinos forestales del cambio climático porque no permiten o no aceptan el manejo del bosque. Con REDD se podrá especular con los bosques. La certificación la hará una empresa extranjera que será la encargada de trazar el plan de manejo; las comunidades tendrán el bosque, pero no lo podrán tocar.

La visión de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) sobre el REDD+ es distinta: se trata de un mecanismo en el que México ha participado de manera muy activa, y por el esquema de gobernabilidad que ya existe en los ejidos y comunidades, el país tiene altas posibilidades de acceder, sostuvo su director, José Manuel Torres Rojo.

El funcionario detalló que el mecanismo consiste en una transferencia de recursos entre países donadores y en desarrollo con problemas de deforestación y degradación graves. En entrevista indicó que a escala mundial aún están en proceso las acciones que pueden adaptarse.

Detalló que en marzo hubo una reunión en Francia, donde se instituyó la denominada Alianza REDD y se anunció que para el arranque rápido del programa habría cerca de 4 mil 500 millones de dólares, cantidad con la que únicamente se financiarían propuestas y proyectos encaminados a preparar a las naciones para que realicen diagnósticos, monitoreo, reporte y verificación, y encaminarlos hacia el desarrollo de la estrategia.

Desde que se fundó Cancún, hace 40 años, un sinnúmero de hectáreas de manglares de todo México y la costas del Caribe se han perdido. Mientras los científicos aseguran que los manglares pueden ayudar a retardar el cambio climático, y trabajan afanosamente por salvarlos, la destrucción continúaFoto Reuters

Estos recursos, dijo, aún no se distribuyen, y la demanda de dinero inicial es de alrededor de 30 mil millones de dólares, los cuales servirán para identificar aspectos técnicos.

La ventaja del REDD es que se sumarían recursos internacionales a los que ya existen en programas destinados a las comunidades, y se discutirían de fondo los problemas del sector forestal, con lo cual se podrían identificar las causas de la deforestación y la degradación de los ecosistemas, consideró Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf, que agrupa decenas de agrupaciones forestales locales.

Indicó que se deben dejar a salvo los derechos de propiedad de ejidos y comunidades, que lo que surja del acuerdo fortalezca el papel de la propiedad social, el acceso a los medios de vida, que es el derecho al uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en contra de visiones que creen que debe ser un esquema conservacionista.

Preciso que en México el REDD+ no debe ser un instrumento mercantil, de incentivos o subsidios, sino “una política transversal que ataque las causas de la deforestación, muchas de las cuales están fuera del sector forestal. No se promueve un mercado de carbono –explicó–, aunque debe tener un componente de incentivos, debe ser manejado por Naciones Unidas y por el gobierno federal en lo nacional, con supervisión de un órgano consultivo de la sociedad civil o del Poder Legislativo”.

La naturaleza y sus diferentes funciones o servicios no son mercancías que puedan regular las leyes del mercado de la oferta y la demanda, afirmó la viceministra de Medio Ambiente y Biodiversidad de Bolivia, Cynthia Silva, en la segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de la OEA, que se realizó el 17 de noviembre.

“No compartimos –advirtió Silva– las soluciones de mercado de carbono, porque, lejos de contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, generarán un sistema especulativo que desencadenará una nueva burbuja financiera. Mediante estos mecanismos de mercado de carbono se transfiere la obligación de reducir emisiones de los países industrializados a las naciones en vías de desarrollo, lo que crea en los hechos mecanismos de financiamiento de los países en desarrollo a los países desarrollados.”