En México la lucha contra el crimen organizado ha invisibilizado el fenómeno de los asesinatos a mujeres, por lo cual urge retomar la propuesta de tipificación de este delito presentada al Congreso federal en diciembre de 2008, exigió la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México al presentar en la zona de las islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Mapa del Feminicidio en el territorio nacional.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó al Estado mexicano de alentar la violencia de género. Puso de ejemplo la impunidad en el caso de la tortura sexual contra las detenidas en San Salvador Atenco durante el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006.

Pese a que han pasado cuatro años, ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la incursión violenta han sido sancionados, denunció.

Asimismo, y siempre en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género ubicó en 2010 a la militarización como una de las estructuras que perpetúan la agresividad.

La campaña de los 16 días concluirá el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde hace 20 años se despliega esta actividad, la cual coordina el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL, por sus siglas en inglés).

En su caracterización del fenómeno, la militarización es una ideología que genera una cultura de miedo y apoya el uso de la violencia, la agresividad o las intervenciones militares para solucionar disputas y reforzar intereses económicos y políticos.

En tal sentido, la violación sexual es usada como táctica y el militarismo no se limita a las zonas de guerra o a la esfera pública; las familias de hombres y mujeres militarizados pueden vivir la violencia en sus propios hogares, pues la violencia doméstica armada está escondida de la vista pública.

Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), catalogó a la militarización que se vive en el país –a propósito de la guerra contra el crimen organizado– como una violación de los derechos humanos directamente imputable al Estado.

La estrategia contra el narcotráfico afecta una serie de derechos, como la libertad, la propiedad y la integridad personal... las muertes que se generen a raíz de sus políticas quedan bajo su responsabilidad, advirtió durante una conferencia de prensa.

Por su parte, Susana Franklin, quien dirige un refugio para víctimas de maltrato, consideró que el nivel de tensión que propicia esa militarización en las ciudades provoca mayor violencia y que entre los militares que mandan y los narcotraficantes, los derechos de las mujeres se pierden.

Recordó que la instauración de este día obedece a la represión que sufrieron, en 1960, las hermanas Mirabal bajo la dictadura militar de Leónidas Trujillo, en República Dominicana. A 50 años de ese episodio, la activista apuntó con tristeza que la mujer sigue siendo violentada por personal castrense, y que este día, más que conmemorativo, es de duelo.

A su vez, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México apremió a la integración de un banco de datos nacional de feminicidio, que incluya variables completas sobre el crimen con la finalidad de diseñar acciones y políticas que erradiquen este grave problema en territorio nacional. Lo anterior, aseguraron, porque resulta urgente e inaplazable otorgar visibilidad y solución a este terrible problema social derivado de una cultura obsoleta que aún se vive en numerosas entidades del país.

El Centro Pro subrayó que en fechas recientes integrantes de la Misión internacional por acceso a la justicia de las mujeres en la región de Mesoamérica dieron a conocer que hubo mil 728 feminicidios en 18 estados, de enero de 2009 a junio de 2010.

Frente a tales hechos, indicó, hay inoperancia de las instancias encargadas de poner un alto a la violencia de género y tampoco han creado las dependencias pertinentes ni adoptado las medidas eficientes para su erradicación.

A su vez, el Centro Tlachinollan planteó que la violación a los derechos humanos de las mujeres se mantiene de manera flagrante en Guerrero.