Las corrientes perredistas que se oponen a la permanencia de Jesús Ortega como presidente nacional del partido expresaron su desacuerdo con la resolución de la Comisión Política Nacional de integrar una comisión que se encargue del procedimiento para renovar la dirigencia en marzo próximo.

Gilberto Ensástiga, Carlos Sotelo y David Cervantes señalaron que eso va contra el mandato del Congreso Nacional, el cual indicó que ese procedimiento debe realizarse el 5 de diciembre próximo, y el acuerdo de instalar una mesa de diálogo entre las corrientes para encontrar una salida.

Jesús Ortega, por su parte, afirmó que este instituto político adoptará una actitud responsable pese a las fricciones internas que se han dejado ver recientemente, las cuales, consideró, responden a la intención de adelantarse a la definición de la candidatura presidencial de 2012.

En comunicado, rechazó que pueda generarse un resquebrajamiento del instituto político por las disputas internas, aunque pidió esperar a que lleguen los tiempos para tomar las definiciones electorales que correspondan.

Por separado, Ensástiga, de la Red por la Unidad Nacional de las Izquierdas; Carlos Sotelo, de Democracia Social; y David Cervantes, de Izquierda Social, se oponen a que se integre una comisión para atender lo relativo al cambio de dirección nacional.

El primero dijo que no se puede acatar esas resoluciones cuando la Comisión Política Nacional no ha podido solucionar los conflictos internos y lograr que el PRD sea sólido y estable. Se necesita una mesa de diálogo nacional y no encerrarse en un espacio que no es garantía de nada.

Sotelo, por su parte, sostuvo que no se pueden andar con frivolidades ni superficialidades, cuando hay una línea política que se debe rescatar y se pronunció porque se realice un nuevo congreso nacional o un referéndum para que se sometan a consideración de la militancia las alianzas con el PAN.

Cervantes advirtió que en la reunión nacional programada para el 4 de diciembre un grupo de ocho corrientes discutirán un plan de acción que impida prolongar la actual gestión hasta marzo.