La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró ayer que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para integrar al personal administrativo y de servicios al combate al narcotráfico responde a la necesidad de satisfacer un elevado número de solicitudes de personal de los diferentes servicios del instituto armado, que desean tener una participación sustantiva directa para garantizar la seguridad interior del país.

En un comunicado conjunto con la Secretaría de Gobernación, la Sedena señaló que la reclasificación del personal tiene como propósito satisfacer necesidades de recursos humanos en las unidades operativas y está dirigida principalmente a soldados, clases y oficiales. Es decir, la iniciativa no comprenderá personal profesionista ni técnico especializado.

Agregó que la iniciativa que permite al titular de la Sedena reclasificar al personal de servicios a la clase de armas, cuando por la urgencia no tenga tiempo suficiente para agotar el proceso de selección –presentada el pasado 18 de noviembre por el Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores–, permitirá ampliar las expectativas de desarrollo para el personal voluntario de tropa y oficiales, sin afectar aspectos logísticos administrativos del instituto armado.

La dependencia precisó que la reclasificación del personal administrativo y de servicios al de armas se basará en los lineamientos siguientes:

Satisfacer las necesidades de recursos humanos en las unidades operativas; aprovechar la experiencia del personal de servicio, por contar con formación militar; considerar principalmente a soldados, clases y oficiales; no incluir personal profesionista ni técnico especializado.

Además, el personal seleccionado, antes de su reclasificación, recibirá la capacitación que le permita desempeñarse en su nueva función.

La Sedena aseguró en el comunicado que el personal de servicio recibió con beneplácito e interés la iniciativa, ya que sus posibilidades de desarrollo se incrementarán notablemente.

De acuerdo con fuentes castrenses, aproximadamente 40 por ciento de los 206 mil elementos del Ejército y la Fuerza Aérea es personal administrativo y de servicios y, la mayoría no están familiarizados con el uso de las armas de manera cotidiana.

Además, la propuesta colocaría a las mujeres en la primera línea del combate al crimen organizado. Hasta a fecha, ninguna militar forma parte de la carrera de las armas; todas pertenecen a servicios y administración. Las que ingresaron recientemente al Heroico Colegio Militar y a la Escuela del Aire aún no terminan sus estudios .

En su momento, fuentes castrenses manifestaron a La Jornada que con esta iniciativa la capacidad operativa del Ejército para combatir al crimen organizado se incrementará sustancialmente con el personal que en la actualidad realiza labores administrativas y de servicios.

De acuerdo con cifras oficiales recientes, en promedio más de 95 mil soldados participan en el combate al crimen organizado, es decir, menos de 50 por ciento de militares toman parte en la destrucción de plantíos ilícitos y operativos anticrimen.

Los entrevistados comentaron que una de las razones de la iniciativa parte de la necesidad de contar con el ciento por ciento del personal especializado y adiestrado para realizar funciones operativas, lo que podría darse con la nueva legislación.