El consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó los contratos integrales de servicios para reactivar, en una primera etapa, la explotación de campos marginales de petróleo (maduros) y después aplicarlos en la región de Chicontepec, la zona productora donde están centradas las esperanzas gubernamentales, y en aguas profundas. Representa, según el consejero Fluvio Ruiz, la mayor apertura de la empresa a la iniciativa privada en los últimos 50 años.

El órgano rector de la paraestatal aceptó la propuesta del consejero profesional Ruiz Alarcón para aplicar candados que permitan mayor control de la paraestatal sobre los trabajos que realicen las empresas privadas. En particular, destaca la decisión de esperar las controversias constitucionales presentadas por diputados y que se encuentran en trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por la tarde, la secretaria de Energía y presidenta del consejo de administración de Pemex, Georgina Kessel Martinez, dijo que los contratos desde mi punto de vista son constitucionales y yo espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en ese sentido.

En un comunicado de prensa, Pemex consideró a su vez que con los nuevos contratos arranca un programa estatétigo de licitaciones para reforzar la explotación de campos maduros localizados en el sur del país conocidos como Santuario, Carrizo y Magallanes.

De este modo se inicia la implantación de un modelo de contrato para exploración y producción, como resultado del nuevo marco legal de Petróleos Mexicanos, el cual busca incrementar la capacidad de ejecución de Pemex para generar valor económico, a través de un esquema rentable y competitivo, bajo mecanismos de contratación simples y flexibles, y rendición de cuentas con base en resultados, dijo la petrolera.

Precisó que los primeros tres contratos se aplicarán en campos maduros. Ellos permitirán reactivar un recurso petrolero y afrontar retos técnicos y operativos que no han sido desarrollados por falta de inversión desde hace más de tres décadas. Las reservas probadas de campos maduros en el país representan casi 30 por ciento de las reservas totales.

Las reservas y la producción de hidrocarburos, afirmó, permanecen en exclusiva en propiedad de México, mientras el pago al prestador de servicios se da mediante una tarifa por barril extraído, más una recuperación de costos, generando un flujo de efectivo neto para la paraestatal.

La frontera ideológica

Ayer, finalmente, en una reunión extraordinaria del consejo de administración de Pemex, pospuesta en diversas ocasiones por diferentes causas, el consejero Fluvio Ruiz dijo que los nuevos modelos de contratos constituyen sin duda la frontera ideológica de la reforma de 2008, y su alcance definitivo será determinado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las dos controversias constitucionales promovidas por la Cámara de Diputados.

Destacó la urgencia de que la administración de la empresa paraestatal presente una estrategia global para la utilización de este tipo de contratos, con el objeto de definir hasta dónde impulsar la contratación externa de servicios de evaluación, desarrollo y producción, sin perder la naturaleza de empresa petrolera, el control del negocio o la recuperación de las ganancias, y sin que se convierta en una mera agencia administradora de contratos.

Consideró que los nuevos contratos no tienen parangón en la historia moderna de Pemex en los últimos 50 años, pues no son simples contratos de servicios, sino convenios semejantes a los contratos de servicios operativos que representan un riesgo geológico, en las rentas económicas, en las relaciones diplomáticas y en diversos elementos de seguridad nacional.

De ahí que Ruiz Alarcón propuso –y el consejo aceptó– que bajo el nuevo esquema una licitación quede desierta cuando sólo participe un concursante, ya que no se garantizan las mejores condiciones para Pemex Exploración y Producción, que la administración de Pemex no instrumente ni saque a licitación los contratos hasta que la SCJN haya emitido su veredicto en relación con las controversias interpuestas por la Cámara de Diputados y se hagan los ajustes en función de la interpretación correcta de la ley que haga la Corte.