A unos días de cumplirse el plazo para que el gobierno mexicano responda a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, defensores de derechos humanos y familiares del guerrerense desaparecido durante la llamada guerra sucia acusaron al Estado de actuar con simulación para entregar un informe lleno de palabras pero carente de resultados.

Tita, la hija de Radilla Pacheco, denunció durante la presentación de un libro a propósito del caso –que incluye el peritaje que envió a la CIDH Carlos Montemayor antes de su muerte, en respaldo a los alegatos de los representantes de las víctimas de esa guerra– que no hay voluntad oficial para investigar y, por lo tanto, ningún resultado.

Hemos visto con desilusión que el gobierno quiere hacer como que cumple con la sentencia del 15 de diciembre del año pasado, donde se condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de su padre por parte de militares en 1974.

La CIDH lo encontró responsable de la violación de diversos derechos: a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica de Rosendo Radilla, así como a los derechos a la integridad física y mental; a las garantías judiciales y la protección judicial de sus familiares.

Tita Radilla indicó que no aceptarán que solamente se ponga una placa, quizá dar la indemnización y hacer una semblanza de vida. Para nosotros lo importante son las investigaciones, porque el caso refleja lo que ocurrió con cientos de personas que fueron desaparecidas durante la época.

Seguiremos presionando, advirtió. Queremos ver esa voluntad política del Estado mexicano para esclarecer los hechos.

Humberto Guerrero, abogado del caso e integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó previamente en un foro al respecto –también realizado en instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal– que el cumplimiento de la sentencia debe ser integral.

“Partiendo de ese punto de vista, la postura de las víctimas y de sus representantes es que no hemos avanzado porque nos hemos encontrado una actitud no sólo poquitera sino, utilizando el argot de abogados litigantes, diría chicanera. La chicana significa litigio basado en una serie de marrullerías, de simulaciones del derecho, de mala fe”.

Habló de falta de disposición para publicar como correspondía la sentencia, incluyendo la página de Internet de la Procuraduría General de la República, y recriminó que después de 36 años de búsqueda de justicia las víctimas tengan que negociar la justicia.

En cuanto a las excavaciones para dar con los restos de Rosendo Radilla, manifestó que se dieron después de una pausa de más de dos años y en los mismos lugares donde ya se había llevado a cabo. Así que, resaltó, nos da la impresión que lo único que querían era tener algo que informar a la CIDH y llenar de palabras el informe que van a presentar.

También citó que el Ejecutivo, en su propuesta de reforma al fuero militar, incluyó el tema de desaparición forzada y le estableció 35 años de prescripción al delito. Parece un mensaje muy raro, el señor Rosendo Radilla cumplió el 25 de agosto pasado 36 años desaparecido. ¿Qué lectura hace uno?, cuestionó.