Chilpancingo, Gro., 23 de noviembre. La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) desmintió que el gobierno estatal acate la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones sexuales de las cuales Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega fueron víctimas en 2002, por elementos del Ejército Mexicano.

Asimismo, sostuvo que desde hace una semana se observan patrullajes militares en las comunidades Barranca Tecoani y Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, de donde son originarias las agredidas.

En un comunicado difundido este martes, la OPIM afirmó que las declaraciones de Israel Soberanis, secretario general de Gobierno de la entidad, emitidas en días pasados respecto a la sentencia de la CIDH, son “parte de una estrategia del gobierno, pero no para cumplir la sentencia, sino para regatear su ejecución.

“No puede explicarse de otra forma la presencia de tropas del Ejército en la zona indígena me’phaa, de donde son las compañeras, en un intento de modificar los términos de la sentencia y un claro mensaje de intimidación”, refirió

La OPIM insistió en que el gobierno estatal “no puede decir que está cumpliendo el dictamen, pues no hemos acordado con el Estado Mexicano la forma y plazos de los diversos resolutivos de la sentencia para su implementación.

Está prevista una reunión con la presencia de los tres poderes para dar inicio a dicho cumplimiento y de ninguna manera el gobierno del estado puede adelantar o decidir algo que no le corresponde.

De acuerdo con la OPIM, la mayoría de los resolutivos de la CIDH deben ser acordados con las víctimas y sus representantes, y el citado funcionario (Soberanis) pretende en forma unilateral implementar o dar cumplimien-to a la sentencia a convenien- cia de los militares que cometieron el delito de agresión sexual, sin observar a cabalidad dicha sentencia.

Igualmente, acusó al gobierno de Guerrero de prestarse a la manipulación que desde las altas esferas del Ejército federal se trata de aplicar para incumplir la sentencia y que estos delitos queden impunes, así como las amenazas de muerte que seguimos teniendo en nuestra organización.

La OPIM advirtió que “el cumplimiento de la sentencia no es una concesión o una cuestión de buena voluntad del Estado Mexicano, es una obligación que debe acatar.

“Son evidentes las mentiras del secretario de Gobierno cuando señala que el estado está dando atención sicológica a las víctimas a través de la Secretaría de Salud, pues desde que se cometieron estos delitos jamás ha existido la voluntad del gobierno de dar un mínimo de apoyo.

Otra de las falsedades del secretario es afirmar que el asunto de competencia está por definirse si corresponde al fuero militar o al civil. La CIDH es muy clara en su sentencia: el asunto de ninguna manera compete al fuero militar; debe ser investigado por un tribunal civil, y la Secretaría de la Defensa Nacional debe obligatoriamente turnar el expediente al Ministerio Público ordinario, añadió.

Finalmente, la OPIM calificó de demagogo a Soberanis por afirmar que el gobierno estatal respeta los derechos humanos: es del conocimiento público que al gobierno de Zeferino Torreblanca lo que menos le importa es el derecho que tenemos como ciudadanos.