a muerte del ex almirante Emilio Massera reavivó el itinerario del más abyecto en la abyección de una dictadura cívico-militar que no tuvo ningún límite ético ni moral para conseguir sus objetivos.

Precisamente, la lista interminable de sus crímenes no es un dato aislado sino parte de la metodología con que se impuso entonces un modelo de país que ha dejado huellas profundas en la sociedad argentina y cuyas secuelas sobreviven solapadamente en el conflictivo presente.

Si en aquellos años aciagos fueron las fuerzas armadas, en ejercicio del terrorismo de Estado, las que garantizaron el desmantelamiento de todo vestigio de políticas de bienestar y le dieron vía libre a la desaforada acumulación rentística-financiera, hoy la derecha, ya sin el partido militar y en otro contexto, pugna por otras vías abolir las reformas progresistas de los últimos años y volver a los tiempos del dólar barato, los salarios congelados y la destrucción masiva de fuerzas productivas.

La recurrente evocación de la frase de Hanna Arendt sobre la banalidad del mal, ahora referida a los actos de un militar que privatizó el terror y lo practicó a su capricho y para fi nes personales, parece impropia si se vincula la maldad del genocidio con la crueldad de un programa que condenó a la miseria y a la infelicidad a la inmensa mayoría de los argentinos, mientras el acopio de capital de una ínfi ma minoría ampliaba hasta la exasperación la brecha entre los que lo tenían todo y los que se vieron privados de los más elementales bienes, tanto materiales como simbólicos.

Martín Granovsky menciona los vestigios del masserismo en la política actual. Cita, entre otros, al ex ministro de Educación porteño, Abel Parentini Posse, y al embajador Eduardo Sadous, autor de una frustrada denuncia contra funcionarios del gobierno a propósito de las relaciones económicas con Venezuela.

Pero, más allá de los seguidores de Massera, lo esencial del proyecto de la dictadura, que Carlos Menem y Domingo Cavallo renovaron en los años 90, está presente en la puja actual por resquebrajar o directamente abolir las políticas públicas que se aplican desde 2003, contracara del fundamentalismo neoliberal.

Integran el frente de rechazo los medios concentrados de comunicación, las fracciones más recalcitrantes del mundo empresario, la oposición parlamentaria de derecha, así como sectores de la Iglesia y de la justicia.

Son los que se oponen a toda medida redistributiva, llámense retenciones móviles o participación obrera en las ganancias y combaten los nuevos derechos de ciudadanía, se trate del matrimonio igualitario o de la libre elección del ejercicio de la maternidad.

Son precisamente las hilachas de la trama que se tejió a partir del golpe, las que aún enredan y demoran los juicios a los represores en algunos tribunales por obra de ciertos jueces diligentes en aceptar recursos antojadizos que traban, por ejemplo, la aplicación de la ley de comunicación audiovisual y el pago de vencimientos de la deuda pública. No son casualidad los lazos de esos magistrados con la dictadura y sus personeros.

Hasta los medios hegemónicos que apoyaron con entusiasmo el golpe de 1976, han tomado distancia de ese pasado vergonzoso y ya no hablan de proceso de reorganización nacional sino de régimen militar, y sustituyen la lucha antisubversiva que enunciaban entonces, por represión o terrorismo de Estado, en un giro lingüístico que representa al menos una victoria simbólica en la lucha contra la impunidad.

Porque la disputa se libra también hoy en el terreno del lenguaje, donde los conglomerados de comunicación corren con la ventaja de sus grandes recursos y enorme capacidad de influir.

Excepción a la regla, la apologética cobertura que La Nueva Provincia de Bahía Blanca le brinda al destituido almirante, es precisamente la excepción que ratifica la regla que ilustra el doblez de los demás.

No obstante, la creciente conciencia colectiva del significado de las reformas en curso, que se manifestó multitudinariamente primero en la celebración jubilosa del bicentenario y luego en la dolorosa despedida a Néstor Kirchner, es el invalorable capital político y social con que cuenta el gobierno de Cristina Fernández para continuar con el proyecto transformador y resistir el embate de los mensajeros del pasado.

* Vicejefe de Gabinete de la Nación Argentina

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